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Claves de la nueva ley de Memoria Democrática

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. | La Moncloa
Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. | La Moncloa
Hugo García Reina | C_dPaz  |  02 NOV 2022

La Ley de Memoria Democrática, impulsada por el PSOE y Unidas Podemos, entró en vigor el pasado 19 de octubre, tras haber sido aprobada por el Senado con el apoyo de EH Bildu, Más País, PDeCat y PNV.

Según el Gobierno, la ley “se fundamenta en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, y reivindica expresamente la Transición y la defensa de los valores democráticos”. Los principales cambios que introduce esta ley giran en torno a la búsqueda de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura, la declaración de ilegalidad del régimen franquista y sus tribunales, la definición de víctima, y el estudio de “posibles vulneraciones de derechos humanos” cometidas hasta el año 1983. Además, introduce otras cuestiones como el cambio del nombre del Valle de los Caídos, que pasará a llamarse Valle de Cuelgamuros. El profesor de Historia en la UFV y experto en la Guerra Civil, Javier Cervera, explica las claves de esta ley y las consecuencias que esta tendrá de aquí en adelante.

La búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura pasa a ser una función del Estado.

Búsqueda de personas desaparecidas
La anterior ley de Memoria Histórica de Zapatero ya incluía el reconocimiento y búsqueda de las víctimas y la retirada de símbolos franquistas, pero esta nueva ley hace que la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura pase a ser una función de la Administración General del Estado. No obstante, Javier Cervera matiza que la búsqueda y dignificación de las víctimas ya se lleva haciendo desde hace muchos años, a través de las asociaciones de memoria histórica”. Por otra parte, mientras la anterior norma establecía la “ilegitimidad” del régimen franquista y sus tribunales, esta nueva pasa a denominarlos “ilegales”.

Las víctimas
La ley considera víctima a "aquellas personas que hayan sufrido daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales o menoscabo de derechos fundamentales desde el golpe de Estado del año 1936, hasta la entrada en vigor de la Constitución en 1978". Sobre esto, cabe destacar las sanciones establecidas para “las acciones u omisiones que supongan el incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley”, con multas desde los 200 a los 150.000 euros, según la gravedad.

La nueva norma establece la “obligación de retirar vestigios franquistas”, cuestión que para el profesor Cervera es un “error”, pues “retirar los vestigios franquistas conduce a olvidar un pasado que los españoles no debemos obviar. El pasado tiene que ser objeto de estudio de los historiadores, no objeto de batalla política de unos contra otros. Cervera añade que, al llevarse a cabo este tipo de acciones, el espíritu de la ley "solo se aplicaría a las víctimas de un lado, pues no contempla retirar, por ejemplo, el monumento a Largo Caballero, responsable de la represión republicana en 1936, o la calle a Santiago Carrillo, cuya represión violenta se extendió más allá de la guerra al frente del Partido Comunista de España (PCE)”.

Estudio de vulneración de derechos humanos
La Ley de Memoria Democrática abarca hasta el año 1978 – cuando se aprobó la Constitución Española – , sin embargo, el Gobierno ha añadido, junto a EH Bildu y Más País una disposición adicional que permite la creación de una comisión de expertos que pueda “investigar posibles vulneraciones de derechos humanos a personas que lucharon por la libertad y la democracia” cometidos hasta el año 1983, a pesar de que España contaba ya con cinco años de vida en democracia. 

"Hay que fomentar el estudio de la historia y no de la memoria, que es algo subjetivo", J. Cervera 

Según Cervera, esta disposición "acepta la voluntad de Bildu de hacernos creer que la acción terrorista de ETA en los años del plomo respondía a la lucha por la democracia, cuando España ya era una democracia”.

Actualización de contenidos educativos
La ley establece, también, la actualización de los contenidos educativos para promover “la lucha por los valores y libertades democráticas”. Aunque Cervera cree que “no tendrá un gran impacto en las aulas" concluye que “lo que se debe hacer es fomentar el estudio de la historia y no de la memoria, que es algo subjetivo. Hay que devolver la dignidad a aquellos que están enterrados en cunetas y fosas comunes sin enfrentar a unos españoles contra otros”.

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