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La argucia política del Gobierno de Pedro Sánchez ha resultado vulnerar 14 sentencias y varios autos del Tribunal Constitucional con fecha entre 1999 y 2018. Estos exigen que exista conexión material y homogeneidad entre las enmiendas a un proyecto de ley y su contenido. La sentencia más clara data de 2011 cuando en respuesta a otro recurso de los socialistas se aclaró esa "conexión" como necesaria, que de no cumplirla supondría "una infracción de la legalidad parlamentaria". La Presidencia de la Cámara Baja pretende pedir interpretación de estas sentencias y autos al Constitucional, para aclarar la situación y decidir admitir o no la enmienda a la Ley de Estabilidad Presupuestaria.
Esta situación se da después de que el PSOE tratara de evitar el evidente freno del Senado y de la Mesa del Congreso a la reforma de los Presupuestos propuesta. La argucia se basó en conseguir sacarla adelante a través de incluirla como enmienda en un proyecto de reforma de la ley del Poder Judicial en la formación de los jueces para casos de violencia de género. Esta estrategia fue denominada por PP y Ciudadanos como "fraude de ley" y maniobra "bolivariana".
Más información en "Pedro Sánchez urde un fraude para burlar el veto del Senado a su Presupuesto".
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