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Una de las heridas más grandes de Alemania tras la II Guerra Mundial fue la conciencia de culpa por la participación masiva de una sociedad en un régimen demencial como el nazi. Millones de muertos en campos de exterminio reclamaban un examen de conciencia. Es verdad que los botones que soltaban el gas Zyklon B los apretaron muy pocas personas. Pero no por eso fueron los únicos responsables.
Lo contaba con clarividencia Hanna Arendt al describir su encuentro con Eichmann en Jerusalén: ese hombre, autor de la solución final para el problema judío, declaraba que nunca había odiado a nadie (ni siquiera judío), y que su trabajo consistía fundamentalmente en organizar un horario de transporte de trenes. Arendt en él no vio a un monstruo, sino a un burócrata, a un hombre del traje gris. Y así fue la aceptación de tantos alemanes: abrazaron el mal sin ver a la Bestia, de una forma banal, abstracta… y solo al despertar del sueño totalitario se supieron culpables.
Se propone un proyecto de ley de eutanasia en el Congreso. Progresismo, mayorías, demanda social, perder el miedo a la visión religiosa del mundo, libertad, ¡derechos humanos!, etc. son algunas de las etiquetas del momento. También se asegura –¡solo faltaba!– que no será una ley de obligado cumplimiento, sino solo aplicable a quien pida ese trato en sus momentos finales de forma «clara y distinta» y en algunos supuestos (palabra conocida por su condición de coladero en otras leyes relacionadas con la finiquitación de vidas humanas).
Por último, y para que se vea la inclinación pro choice del espíritu de la nueva ley, se asegura que habrá una defensa contundente de la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios que no se sientan capaces de suministrar a un enfermo la pastilla, inyección o lo que sea, que termine con sus vidas. ¿Nos harán estas condiciones menos culpables?
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