Así reparte Interior los fondos reservados

A. Requeijo/ T. Calleja | 11 JUN 2019

Uno de los secretos mejor guardados de la seguridad española, al descubierto. La investigación del caso Villarejo en la Audiencia Nacional ha permitido conocer la orden que regula el gasto de los fondos reservados del Ministerio del Interior, fuente de conflictos y escándalos de corrupción a lo largo de la democracia. Se trata de un norma establecida en 1995 por el Gobierno de Felipe González que, otra vez, se encuentra bajo sospecha por el uso que se le dio durante el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Para conocer esta normativa ha sido necesario que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Villarejo, Manuel García Castellón, solicitase en marzo al Gobierno de Pedro Sánchez que la desclasificase. El Ejecutivo socialista accedió a ello en su reunión del Consejo de Ministros del pasado 10 de mayo. Diez días después, ya estaba encima de la mesa del juez. Los fondos reservados se incluyen en los Presupuestos Generales del Estado, pero tienen su propio sistema de control.

Vozpópuli ha tenido acceso a esta orden con casi un cuarto de siglo de vigencia. Establece que “cada centro gestor de fondos reservados abrirá una caja específica y exclusiva para el manejo de dichos recursos, que será gestionada por un responsable designado al efecto, que en el caso de los servicios centrales lo será por el ministro a propuesta del titular respectivo”.

El ministro Fernández Díaz
En el periodo investigado, el ministro era Jorge Fernández Díaz y los servicios centrales son, por ejemplo, la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional que en esa época dirigió con mano firme Eugenio Pino. De él dependía, entre otros, el comisario José Manuel Villarejo, quien durante muchos años colaboró mano a mano con su compañero Enrique García Castaño, responsable de una unidad especialmente sensible dentro de la Comisaría General de Información.

En el marco de la pieza separada Kitchen, la Audiencia Nacional investiga si estos y otros policías a las órdenes de Pino trazaron una estrategia para robar documentación al extesorero del PP, Luis Bárcenas, sin el conocimiento del juez que investigaba la caja B del partido. En esos trabajos compraron presuntamente al chófer de Bárcenas con el pago de 2.000 euros mensuales procedentes de los fondos reservados, según la investigación. El propio García Castaño declaró ante el juez que aquello fue un encargo de Pino.