Claves del artículo 24 de la Ley de Seguridad Nacional

Barcelona ha sido testigo de la peor ola de violencia que España ha visto en décadas. Ante la tensa situación, algunos partidos políticos le han propuesto al Gobierno de Sánchez estudiar dos alternativas para restablecer el orden público: la aplicación del artículo 24 de la Ley de Seguridad Nacional (LSN) o la aplicación del artículo 155 de la Constitución española.

Una semana de cinco grandes marchas pacíficas y una huelga general paralizaron la ciudad catalana. Esto acumuló la incertidumbre y la indignación hasta el estallido de los últimos enfrentamientos entre algunos grupos radicales y las fuerzas de seguridad del Estado. Estos activistas violentos han confrontado a la policía -con el lanzamiento de proyectiles y la provocación de incendios- en protesta a la sentencia contra los líderes separatistas del proceso catalán. La agresiva tensión continuó escalando con la respuesta de la policía, cargada de gas lacrimógeno, balas de goma y cañones de agua.

Pablo Casado ha instado a Pedro Sánchez a aplicar la Ley de Seguridad Nacional ante los violentos disturbios en Cataluña. La ley 36/2015, del 28 de septiembre, de Seguridad Nacional fue aprobada en 2015 por el PP, el PSOE y UPyD. Los partidos nacionalistas se opusieron y la Generalidad de Cataluña presentó un recurso de inconstitucionalidad, que fue rechazado.

La Ley de Seguridad Nacional busca proteger la libertad y el bienestar de los españoles; garantizar la defensa de España y de sus principios y valores ante las amenazas y desafíos, y contribuir a la seguridad internacional. Se estructura en cinco títulos y cuatro disposiciones adicionales, que regulan y coordinan los órganos, principios y recursos competentes en materia de seguridad. El artículo 24, al que aluden los partidos para evitar la aplicación del 155 en Cataluña, está dentro del título III, que define y regula la gestión de crisis.

Artículo 24 de la LSN
Según el  Boletín Oficial del Estado (BOE), el artículo 24 de la LSN es una herramienta excepcional que autoriza al presidente a declarar una “situación de interés para la seguridad nacional” y ordenar una “coordinación reforzada” de las fuerzas de seguridad bajo la dirección del Gobierno, durante un tiempo determinado.

En ese caso, el presidente del Gobierno en funciones deberá definir la situación de crisis, así como su ámbito geográfico, la duración de la aplicación y nombrar a una persona para que dirija las actuaciones bajo la supervisión del Consejo de Seguridad Nacional.

Este órgano está integrado por el presidente del Gobierno, el vicepresidente, los diferentes ministros, el director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, el secretario de Estado de Seguridad y el secretario de Estado-director del Centro Nacional de Inteligencia.

Según este artículo, los Mossos deberán colaborar con la Guardia Civil y la Policía Nacional a las órdenes del Ejecutivo. La aplicación de este artículo no suspende la autonomía catalana —a diferencia del artículo 155— ya que no afecta a la regulación de los instrumentos sometidos a normas autonómicas, ni implica la intervención de las cuentas de una comunidad autónoma. De hecho, su aplicación es más eficaz y rápida que la del 155, porque se puede aprobar sin necesidad de pasar por el Consejo de Ministros. La Ley de Seguridad Nacional solo necesita un Real decreto que sea aprobado por la Diputación Permanente.

Apoyo de los partidos políticos
Existe un debate sobre la capacidad de poner en marcha este mecanismo. El PP ha exigido públicamente su aplicación, ya que el tiempo para aprobarlo y las competencias que implica parecen más idóneas que las del artículo 155.  Sin embargo, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska ha afirmado que sería "absolutamente imprudente" tomar el control de los Mossos, ya que la coordinación con las fuerzas de seguridad del Estado es "inmejorable". Por el momento Sánchez se resiste a aplicar la medida que reclama la oposición.