El genocidio olvidado del siglo XXI

La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el más alto tribunal de las Naciones Unidas, emitirá una decisión sobre la solicitud de medidas de emergencia en el caso de genocidio contra Myanmar.

¿Genocidio en el siglo XXI? ¿Myanmar? ¿Por qué es la primera vez que escucho sobre esto? ¿Por qué el mundo no sabe más sobre los rohinyá? Estas son solo algunas de las preguntas que surgen al conocer los últimos avances con respecto a la crisis humanitaria que padece esta minoría étnica. El pronunciamiento de la CIJ nos permite atender a las razones por las que la mayor crisis de refugiados de la actualidad se está produciendo en Myanmar.

El país sin apellidos
Myanmar (más conocida por su antigua denominación, Birmania, cambiada hace ya más de 30 años), es un país ubicado en el sureste de Asia. Limita al norte con China, al este con Laos y Tailandia, al oeste con Bangladesh y al sur con el Golfo de Bengala, que da paso al Océano Índico.

Su ubicación es importante para situar el lugar de los hechos y para comprender a quién afecta este desastre humanitario. El grupo étnico rohinyá ha sido víctima de una campaña de violencia indiscriminada por parte de los militares de Myanmar, lo que les ha llevado a huir a países vecinos. Entre ellos, se encuentran Bangladesh, India, Tailandia, Malasia e Indonesia. Unos piensan que se trata de la crisis de refugiados de mayor crecimiento en el mundo. Otros, en cambio, no dudan en denominarlo limpieza étnica o genocidio.

Una historia de negligencia
Myanmar es un país multiétnico, plurirreligioso y multilingüe. El 68% de su población pertenece a la etnia bamar y es mayoritariamente budista. No obstante, el número exacto de etnias que ocupan el país no está claro, como asegura la académica Cristina de Esperanza. La comunidad musulmana rohinyá es una de ellas.

Desde hace mucho tiempo, este grupo ha sido ignorado y desplazado, asentando las bases de la violencia actual. De hecho, el Gobierno privó de ciudadanía a esta etnia en 1982 a causa de las diferencias étnicas y religiosas: los rohinyá son musulmanes suníes, mientras que en Rakhine —región donde ocurrieron los ataques— la religión mayoritaria es el budismo. Por ello, escribe la académica Raquel Jorge Ricart, los rohinyá han tenido que vivir “sin asistencia sanitaria, con impuestos elevados y trabajos forzosos, y con restricciones para el matrimonio, el acceso a la educación, los desplazamientos por el país y el trabajo, así como ejecuciones extraoficiales”.

Además, durante la colonización británica, los europeos esclavizaron a los rohinyá. Les pagaban salarios extramadamente bajos a cambio de largas jornadas de trabajo. Este trato marginal fomentó el rechazo de todo el país hacia este grupo al que se referían como “inmigrantes bengalíes”, justificando la falta de un trato igualitario. Se les trataba como extranjeros. Esto, a su vez, ha generado menos oportunidades para una calidad de vida digna, así como un menor respeto a sus derechos, como la libertad religiosa.

Esta situación llevó a los rohinyá a una emigración forzosa. El continuo ataque contra la etnia musulmana, así como la falta de recursos y la violación de derechos humanos, ha provocado que este grupo buscase refugio en Bangladesh, India y Tailandia.

Durante años, alrededor de 400.000 refugiados han vivido en Bangladesh. Aunque estos abusos contra esta minoría llevan produciéndose desde hace más de veinte años, fue en 2015 cuando la comunidad internacional comenzó a prestar atención a las causas que provocaban su desplazamiento.

La limpieza étnica
La actual represión contra esta minoría musulmana se desencadenó por un ataque armado contra la policía fronteriza por parte de militantes rohinyá, que dejó 12 oficiales muertos. Era el segundo ataque de este tipo en un año.

A partir de ese momento, los militares les etiquetaron como grupo militar terrorista insurgente, justificando así la campaña de "limpieza". Sin embargo, según la autora y periodista Sarah Wildman, “los observadores dicen que, aunque existen insurgentes rohinyás armados, su número total es pequeño y están mal equipados. En cambio, la represión ha afectado a todo el grupo étnico”.

Wildman informó sobre la crueldad de los militares, quienes quemaron pueblos enteros y violaron a sus mujeres. Además, los refugiados con los que se entrevistó le contaron que los soldados les disparaban mientras huían. El ejército colocó minas terrestres para asegurar que los que huían no regresasen. El Gobierno de Myanmar anunció que el 30% de las aldeas de la región habían quedado vacías. Esto son solo algunas de las brutalidades que se han consignado. Según la académica Gemma Roquet, “más de unos 800.000 rohinyás abandonaron sus hogares”.

Impunidad o condena para los crímenes
Gambia, uno de los países musulmanes de África occidental, pidió en noviembre de 2019 una solicitud de medidas de emergencia. Alegó ante la Corte Internacional de Justicia que Myanmar estaba cometiendo "un genocidio continuo" contra su población minoritaria musulmana rohinyá. El objetivo de la petición es tomar medidas para evitar nuevos daños. También requirió a los jueces asegurarse de que se conservara toda prueba de las atrocidades cometidas. 

“Sería el primer paso en un caso judicial que se espera que continúe durante años” informa la reportera para Reuters, Stephanie van den Berg.

Las decisiones de la Corte Internacional de Justicia son vinculantes y no pueden ser objeto de recurso, pero como la Corte no tiene medios para hacerlas cumplir, los países suelen ignorarlas. A pesar de esto, una denuncia internacional es un gran paso hacia la justicia.

Fuera del foco internacional
Durante mucho tiempo, los trabajadores humanitarios no podían entrar en la región y los periodistas tampoco tenían acceso. Además, “los rohinyá son una población en gran parte invisible y desconocida”, sostiene Wildman. No obstante, su líder Aung San Suu Kyi, no lo es. Por eso, ha recibido fuertes críticas. Aunque esta ganó el Premio Nobel de la Paz en 1991, no denunció lo que ocurría dentro de sus fronteras. La crisis se conoció, en cambio, gracias a unas imágenes de satélite publicadas por Human Rights Watch y Amnistía Internacional que mostraban kilómetros de aldeas rohinyá quemadas. Frente a La Haya, la líder defendió a su país: negó que se estuviera cometiendo un genocidio y afirmó que el tribunal no tenía jurisdicción para conocer el caso.

Se espera que hoy, 22 de enero de 2020, la CIJ se pronuncié sobre esta crisis y tome medidas de prevención.