El Mundial de Catar: Propaganda y vulneración de DDHH

El Mundial de 2022 es una oportunidad para Catar de aumentar su influencia y limpiar su reputación a través del fútbol. Sin embargo, las vulneraciones de Derechos Humanos que permite el régimen pueden generar un fenómeno de propaganda negativa.

Ya ha comenzado el Mundial de fútbol de 2022, que, por primera vez en la historia, se desarrolla entre los meses de noviembre y diciembre, en lugar de en junio, pues la práctica deportiva sería inviable bajo las temperaturas estivales del lugar en el que se celebra: Catar.  El país del Golfo no cuenta con una arraigada tradición futbolística, y sus estadios rara vez se llenan durante la temporada regular, pero la acogida y organización del evento futbolístico de mayor importancia y difusión —más de 3.500 millones de personas vieron la anterior edición del Mundial, según la FIFA— es una oportunidad de oro para el país de potenciar su política de aumento de influencia a través de la diplomacia y el golpe de talonario. 

Catar apenas cuenta con 3 millones de habitantes, y su envergadura es mucho menor que la de potencias vecinas como Arabia Saudí e Irán. Por ello, su estrategia de proyección de poder y desarrollo está muy basada en la explotación de su poder blando o soft power, ejercicio mediante el cual un actor político potencia su influencia a nivel internacional por medio de la diplomacia y la persuasión en lugar de la fuerza o la coerción.

Catar ha construido numerosos acuerdos e inversiones alrededor del fútbol en países de occidente a través de Qatar Sports Investments (QSI), la filial de su fondo soberano. Es dueño del Paris Saint-Germain —equipo en el juegan estrellas como Messi, Neymar o Mbappé—, cuyo presidente, Nasser Al-Khelaifi, es miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA. También es creador de la cadena televisiva Bein Sports y principal patrocinador de las competiciones FIFA mediante la aerolínea Qatar Airways y la petrolera Qatar Energy. Además, en las últimas semanas, se ha hecho con el 22% de la propiedad del Sporting de Braga.

Según estimaciones de la revista Forbes, el emirato ha invertido más de 200.000 millones de dólares en la construcción de estadios, hoteles, carreteras e, incluso, en la nueva ciudad de Lusail, que acogerá la final del campeonato. Una cantidad que supera en 50.000 millones de dólares el PIB catarí de 2021 y es 15 veces mayor que la que gastó Rusia en la organización del anterior mundial.

La decisión de la FIFA de designar a Catar como anfitrión de la Copa Mundial de Fútbol de 2022 se presentó para el país del Golfo como un escaparate en el que explotar al máximo su plan de influencia, y una nueva oportunidad de adquirir poder a través de la diplomacia. Sin embargo, las tramas de corrupción que salpican al proceso de elección, o las violaciones de los derechos de las mujeres, las personas LGTBI y los trabajadores inmigrantes que han participado en la construcción de las infraestructuras para el mundial puede hacer que Catar sea víctima de un fenómeno de propaganda negativa que perjudique la reputación del país.

Derechos de los trabajadores
Al carecer Catar de la infraestructura necesaria para la Copa del Mundo se han necesitado millones de trabajadores migrantes para levantar seis estadios y decenas de hoteles, ampliar un aeropuerto y construir un sistema nuevo de metro y varias carreteras. Al ser un país pequeño, —no llega a los tres millones de habitantes—, los trabajos de construcción son asignados a personas extranjeras, las cuales llegan de países pobres de Oriente Medio y de Asia Central. Según un informe publicado por The Guardian, en la construcción de los nuevos estadios han muerto alrededor de 6.500 personas, aunque la carencia de datos aportados por el Gobierno qatarí hace que el número exacto sea difícil de determinar: solo reconoce 3 fallecimientos como causa directa de las condiciones.

En árabe, kafala significa "garantías" y da nombre a un sistema que domina las leyes de empleo de los países de la Península Arábiga y que se aplica, sobre todo, cuando se requiere mano de obra barata para las actividades domésticas o la construcción. Esta norma vincula legalmente a las personas migrantes con sus patrones, dejándolas completamente anuladas, ya que sin este patrocinio, no pueden entrar al país ni obtener los permisos de residencia y, desde que pisan el país, las empresas son propietarias de sus derechos. En 2017, Catar inició un periodo de reformas para mejorar las condiciones de trabajo y derogar el sistema kafala. No obstante, las condiciones de trabajo siguen siendo duras, y las retenciones de salario y los retrasos en los pagos se producen con asiduidad. 

Derechos LGBTI
Catar es uno de los 70 países del mundo que criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo. En su código penal, castiga las relaciones sexuales consentidas entre hombres mayores de 16 años con hasta 7 años de prisión (artículo 285). También establece penas de entre uno y tres años (artículo 296) para cualquier varón que “instigue” o “incite” a otro varón a “cometer un acto de sodomía o inmoralidad”. Ha habido pasos simbólicos, como los de equipos como los de Bélgica, Alemania o Inglaterra, enviando una carta pidiendo que se les defienda y respete, y otros han usado en las fases previas brazaletes con los colores de la bandera LGTBI y el mensaje One love; la bandera multicolor está vetada en los estadios en el Mundial. La FIFA ha prohibido llevar el brazalete de One Love, símbolo que estaban utilizando algunas selecciones para apoyar los derechos de la comunidad LGTBI. Se trata del caso de Inglaterra, Gales, Suiza, Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos y Bélgica, todas ellas han anunciado su intención de lucir el brazalete, pero las amenazas de la FIFA en sancionar dicho acto han frenado las intenciones de estas selecciones. 

Derechos de las mujeres
Las mujeres en Catar están consideradas como ciudadanos de segunda. El informe Everything I have to do is tied to a man, publicado en 2021 por HRW, explica que las mujeres en Catar necesitan obtener el permiso de sus tutores masculinos para casarse, estudiar, trabajar, viajar al extranjero y recibir determinados cuidados de salud. El código penal de Catar penaliza todas las formas de sexo fuera del matrimonio con penas de hasta siete años de prisión. Si las mujeres son musulmanas, también pueden ser condenadas a latigazos o a lapidación. También se exige a las mujeres que muestren un certificado de matrimonio para acceder a determinadas formas de atención a la salud sexual y reproductiva, incluidos los controles de infecciones de transmisión sexual. Obtener el divorcio es muy complicado para ellas, mientras que, los hombres pueden casarse hasta con cuatro mujeres y divorciarse fácilmente si lo desean. Si hay hijos, la custodia de ellos es compartida hasta los 13 años si es hombre, y 15 si es mujer, pero luego ya la tutela es completa del padre, por lo que todas las decisiones sobre ellos deben ser tomadas por él. Y una vez casada, la mujer debe obedecer a su marido y puede perder el apoyo financiero de él si decide trabajar, viajar o se niega a tener relaciones sexuales sin una razón “legítima”.

Derechos de la prensa
El código penal catarí tipifica como delito criticar al emir, insultar la bandera de Catar, difamar la religión, incluida la blasfemia, e incitar “al derrocamiento del régimen”. La ley de delitos cibernéticos de Catar de 2014 establece hasta 3 años de prisión y una multa de 500.000 riales qataríes (137.000 euros) para quien sea condenado por difundir “noticias falsas” no definidas en Internet o por publicar contenidos en línea que “violen los valores o principios sociales” o “insulten o calumnien a otros”.

 

 

 

 

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