La estructura del sistema judicial en España

El sistema judicial español está formado por diversas instituciones, órganos y tribunales. Cada organismo tiene sus funciones y competencias, como abrir investigaciones, juzgar los casos y dictar sentencias. Sin embargo, existen otras instituciones que apoyan y acompañan el proceso judicial desde el inicio hasta el fin, aunque no son órganos propiamente judiciales.  

La justicia en España tiene un proceso marcado. En primer lugar, los Juzgados de Instrucción reciben las denuncias. Estos, dependiendo de la condena, las derivan o a los Juzgados de lo Penal o a las Audiencias Provinciales. Después, las denuncias llegan al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la última instancia judicial a nivel regional. También se encarga de juzgar a los políticos autonómicos. Este fenómeno recibe el nombre de “aforamiento”. Es un sistema que, por el cargo que ostentan, protege a los políticos y evita que las denuncias de los particulares intervengan en su vida pública.

En la cúspide de la jerarquía judicial se encuentra el Tribunal Supremo (TS), el órgano jurisdiccional supremo de todo el Estado español. Este tribunal decide los recursos de casación, revisión y enjuiciamiento de los miembros de los altos órganos del Estado, así como los procesos de declaración de ilegalización de partidos políticos. Además, los diputados del Congreso solo pueden ser juzgados ante el TS. 

Cuando una denuncia ha pasado todo este proceso y el denunciante no se siente satisfecho con la sentencia, puede recurrir al Tribunal Constitucional, que no es un órgano judicial, pero su labor se divide en dos partes: se encarga de velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos, recogidos en la Constitución, y ejerce un control sobre el Gobierno y el cumplimiento de las leyes. 

Existe también la Audiencia Nacional, un órgano judicial especial que se creó para abordar específicamente los delitos relacionados con el terrorismo, aunque sus competencias se han ampliado y también se encarga de delitos de narcotráfico, delitos que afecten a más de tres provincias de diferentes comunidades autónomas, casos de blanqueo internacional, delitos de españoles cometidos en el extranjero y delitos cometidos a españoles fuera de España. 

Otra institución importante en el sistema judicial es la fiscalía, que acusa de forma pública, es un órgano fundamental para la defensa de los derechos de los ciudadanos en los tribunales. Es independiente, pero el fiscal general del Estado es nombrado y cesado por el Rey a propuesta del Gobierno. Abren investigaciones y participan en las causas penales a favor de la víctima. 

En el ámbito administrativo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el encargado de los nombramientos de jueces y de la gestión personal en el poder judicial. Realiza una función consultiva del Gobierno, cuando este quiere aprobar una ley. El CGPJ le presenta un informe sobre las posibles consecuencias que podría tener o sobre cómo mejorar el texto propuesto. 

En los últimos años, diversos políticos, abogados y jueces han denunciado la politización en la elección de los jueces del CGPJ. Según la Constitución Española, estos jueces deben renovarse cada cinco años, sin embargo, desde hace 10 años no se ha realizado una renovación, poniendo en entredicho la legitimidad del proceso judicial en el país. 

En el siguiente reels damos las claves de este sistema judicial: 

 

 

 

 

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