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La Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte ha iniciado un nuevo paro indefinido, el segundo en ocho meses, que amenaza la cadena de suministros en plena desaceleración económica. El Gobierno de Sánchez asegura que garantizará el transporte de mercancías, pero la realidad es que el impacto de los paros es todavía incierto. Según los cálculos de OBS Business School, las pérdidas económicas llegarán hasta los 600 millones de euros al día. La huelga ha contado con el rechazo por parte de UGT, CC.OO. y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).
Peticiones de los transportistas
La Plataforma exige que las autoridades vigilen el cumplimiento de la Ley de costes y de la Ley de carga y descarga, que controlan y evitan que los transportistas trabajen a pérdidas. Asimismo, denuncian la falta de compromiso del Ministerio de Transporte con los acuerdos alcanzados con los sindicatos y organizaciones de los transportistas, tras la huelga que tuvo lugar en el mes de marzo.
Las pérdidas económicas podrían llegar hasta los 600 millones de euros al día
Entre las medidas que se acordaron entonces se encontraba la citada ley para evitar que los transportistas trabajen a pérdidas; un nuevo paquete de 450 millones de ayudas directas, que se suman a las ya aprobadas en 2021 y en abril de 2022 como el descuento en carburantes de 20 céntimos por litro; la prohibición de que los conductores hagan la carga y descarga; la limitación a una hora de los tiempos de espera en las zonas de carga y descarga, el refuerzo de la inspección de transporte o las ayudas al abandono de la profesión.
El aumento de los precios, especialmente del combustible, ha provocado un incremento en el coste de la actividad de los transportistas, que exigen al Ministerio que cumpla con la normativa aprobada.
Efectos de la huelga
El paro llega cuando comienza el periodo de compras previo al Black friday y a Navidad. Sin embargo, desde la Asociación de Empresas de Distribución de Alimentos, Bebidas y Limpieza (ADED), descartan la posibilidad de que se vaya a producir un desabastecimiento generalizado de productos. Las principales organizaciones que conforman la cadena alimentaria y la hostelería han reclamado seguridad y garantías para el abastecimiento y para evitar que se repitan las graves incidencias de marzo pasado. A su juicio, este nuevo paro llega en un momento complicado para la cadena alimentaria, ya tensionada por el escenario internacional de la guerra de Ucrania.
El sector hortofrutícola ha asegurado que el Gobierno debe garantizar el libre tránsito y el acceso a los mercados nacional y exterior, y más en un periodo como es el mes de noviembre, en el que el volumen comercializado de frutas y hortalizas alcanza de media las 600.000 toneladas semanales, cuyo valor ronda los 700 millones de euros.
También hay una preocupación extrema en el mercado de cereales y en la cadena de fabricación y suministro de piensos, donde los precios están disparados, por lo que reclaman que se negocie una solución que evite el paro.
Cabe recordar que en el mes de marzo, la huelga de transporte llegó a paralizar parcialmente parte de la economía al ralentizar o detener los repartos. El efecto de esta nueva convocatoria dependerá del número de transportistas que la secunden y cuánto dure este paro.
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