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La exministra de Asuntos Exteriores Arantxa González Laya se acogió en su declaración sobre el caso Gali a la Ley de secretos oficiales, aprobada en el año 1968 durante la dictadura de Franco. Esta Ley recoge que todas las materias que decreten el Consejo de Ministros y la Junta de Jefes del Estado Mayor, hasta su extinción con el paso a la democracia, serán clasificadas como secreto o información reservada.
En el año 2010 el Consejo de Ministros del Gobierno que entonces presidía Zapatero modificó esta Ley para que prácticamente todas las acciones del Ministerio de Asuntos Exteriores quedaran calificadas como secreto de Estado.
Esta Ley 9/1968 del 5 de abril ha sido materia de debate por parte de varios gobiernos. Tanto Aznar como el actual presidente Pedro Sánchez han prometido su reforma o erradicación. Uno de los partidos políticos que más ha peleado por la modificación de esta Ley es el Partido Nacionalista Vasco, aunque sus propuestas no han llegado a ser aprobadas.
El ala socialista del Gobierno de coalición de Sánchez ha iniciado los trámites para presentar una reforma de esta Ley ante el Congreso, mientras la exministra de Exteriores, Gonzalez Laya, se acoge a la misma durante su declaración por el caso Gali.
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