Los decretos-leyes, la herramienta legislativa del Gobierno de Sánchez

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Celia Coto Alonso | C_dPaz | 20 SEP 2024

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha consolidado como el primer Gobierno que se ha decantado por el decreto-ley como principal herramienta para la creación de iniciativas legislativas. Esta vía se ha utilizado en más de un 60% de las ocasiones superando ya las 145.

El uso de los decretos-ley no ha sido exclusivo del Gobierno actual, todos los presidentes anteriores también utilizaron, en menor medida, esta vía.

Un decreto-ley permite al Gobierno no tener que pasar por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, y que podrían impedir su tramitación.

La disposición de los decretos-ley queda delimitada por la Constitución para ocasiones de "extraordinaria y urgente necesidad". Además, no pueden incluir cuestiones que afecten a los derechos y libertades de los ciudadanos, al ordenamiento de las Instituciones Básicas del Estado, al ordenamiento de las Comunidades Autónomas ni al derecho electoral general.

Una vez que un decreto-ley es anunciado por el Gobierno y publicado en el Boletín Oficial del Estado, el Congreso tiene la obligación de someterlo a debate y posterior votación en un plazo de 30 días hábiles. El decreto-ley debe convalidarse o rechazarse en su totalidad, es decir, no se permiten modificaciones.

Si el decreto-ley no alcanza una mayoría simple, este queda inmediatamente eliminado del ordenamiento y se produce la inmediata cesión de sus efectos, aunque se mantienen los producidos durante su vigencia.

Por otra parte, si el decreto-ley es convalidado, este pasa a integrarse en el ordenamiento como norma con fuerza ley. Si se desea un mayor rango para la norma, el Presidente puede preguntar a la Cámara si acepta su tramitación como proyecto de ley.

La única institución con la potestad de anular un decreto-ley es El Tribunal Constitucional, que es el encargado de analizar las razones y motivos dados por el Gobierno para su implementación, la situación de necesidad en que fue aprobada y su conformidad con lo establecido en las leyes orgánicas.

Se debe recordar que el Tribunal Constitucional ha sido criticado por instituciones como la Fundación Hay Derecho por su imparcialidad y politización. De sus doce miembros solo dos son elegidos por los propios jueces, mientras el resto son de elección política. A día de hoy, el Tribunal Constitucional cuenta con una mayoría progresista y está presidido por Cándido Conde-Pumpido, magistrado progresista que fue fiscal general del Estado durante los años de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.