“Un asunto de máxima
preocupación para la sociedad de nuestro país, especialmente para las
familias”. Así se refirió la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno de España,
Pilar Alegría, al
consumo digital de contenidos dañinos para los menores, a través de los
móviles. En
España, según los datos publicados por el
INE en 2023,
7 de cada 10 niños, de entre 10 y 15 años, tienen móvil, es decir; el
70,6% de ellos. Ante esta realidad, el 16 de enero Alegría anunció que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobará “una
ley integral para la protección de menores en Internet”.
Un elemento central para la
protección de los adolescentes es la implementación de un
sistema efectivo de verificación de la edad. Así, la ministra destacó el papel de la
Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en el desarrollo de un sistema “pionero en Europa”, que previsiblemente comenzará a aplicarse en
verano de 2024. La directora de la AEPD,
Mar España Martí, aclara que ya existen diferentes sistemas para demostrar la edad del usuario, como la autodeclaración, la facilitación de credenciales al proveedor o que la propia web estime la edad del usuario. Sin embargo, incide en su inefectividad y en los “riesgos claros” de estos métodos, entre ellos: “localizar a menores de edad a través de Internet por parte de pederastas, falta de comprobación de la edad declarada, exposición de la identidad, recopilación y tratamiento de datos no necesarios, etc.”.
Ante esta situación, la AEPD plantea una alternativa "más segura y eficaz": “Es posible proteger a los menores del acceso a contenidos para adultos, verificando su edad a la vez que se protege la privacidad de las personas mayores de edad”. De esa forma, la Agencia busca restringir el acceso de los más jóvenes a contenidos inapropiados y violentos, tales como webs de pornografía, apuestas, deterninados perfiles sociales, páginas de venta de productos para adultos como tabaco o alcohol, etc.
7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía de forma regular (Gobierno de España)
Así, la Agencia propone un modelo que garantizar el anonimato de los menores, a la vez que la privacidad de los adultos que sí pueden consultar estas plataformas. El
sistema de protección de la AEPD busca cumplir con diez principios que respeten los
derechos fundamentales de los usuarios en relación al tratamiento de sus
datos personales, entre ellos: que las personas no puedan ser perfiladas por sus búsquedas, el respeto a la patria potestad o que la necesidad de una acreditación sea solo para visualizar contenido inadecuado y no a otros.
Para aplicar todo esto, la agencia ha desarrollado dos aplicaciones complementarias entre sí. La primera verifica la edad del usuario a través del carnet de identidad requerido y la compara con la clasificación del contenido. La segunda aplicación recibe esa información y, según su resultado, filtra los contenidos y permite o deniega el acceso al usuario. De esta manera proteger al menor y los datos de los adultos al separar la gestión de la identidad, la verificación de la edad y el filtrado de contenido; y todo ello sin salir del dispositivo del usuario.
Actualmente, 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía de forma regular en España, como ha destacado el Gobierno de España, basándose en “datos de organizaciones expertas”. Además, más de la mitad de los jóvenes de entre 12 y 15 años, el 53,8%, afirma haber visto pornografía por primera vez entre los 6 y 12 años. Ante este problema, Lamana explica que los temas relacionados con la sexualidad son “comportamientos que tienen que ver con la supervivencia”, por lo que la pornografía afecta a unos “mecanismos cerebrales muy primarios y con mucha fuerza”. “La pornografía secuestra esos mecanismos y lo que debería ser algo bueno y que favorece y posibilita relaciones buenas, saludables y profundas, en vez de eso se convierte en algo adictivo”, aclara Lamana.
Estos contenidos "puede generar un nivel de dopamina tres o cuatro veces más grande que una consumición de cocaína”, Lamana
El experto asegura que no es ninguna exageración comparar estos contenidos con una droga, ya que afectan también a la dopamina: “Esos circuitos son los mismos que secuestran ciertas drogas, por ejemplo la cocaína”. Evidentemente, la pornografía supone “un menor nivel de injerencia externa” que las drogas, pero puede generar “un nivel de dopamina tres o cuatro veces más grande que una consumición de cocaína”.
En el caso de las apuestas ocurre igual y queda secuestrado “el mismo circuito de dopamina”. Según un informe realizado por UNICEF en 2023 sobre el impacto de la tecnología en la adolescencia, un 3,6% de los estudiantes españoles menores de edad reconocen haber jugado o apostado dinero online alguna vez en su vida, lo que, según el informe, multiplica el riesgo de desarrollar a medio plazo una ludopatía. Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce la adicción al juego y a los videojuegos como adicciones sin sustancia.
El psicólogo comenta que “un niño o un joven adolescente todavía no tiene desarrollado completamente el control de los impulsos”, por lo que es muy sencillo que al exponerse a las apuestas se enganche. Además, las apuestas tienen un “perjuicio” tanto en la economía propia como en la familiar y es normal que surjan “comportamientos delictivos para mantener la adicción”. Lamana explica que, salvo casos como los de jugadores profesionales que actúan desde un “método y una frialdad afectiva”, en general, el jugador patológico lo hace desde la impulsividad.
El compromiso europeo
En el marco del
Foro de París por la Paz celebrado el pasado noviembre, distintos países presentaron una declaración para promulgar iniciativas globales que protejan la integridad y los derechos de los menores en los sitios en línea. Australia, Alemania, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Francia, Países Bajos y Reino Unido fueron los estados que se comprometieron a implementar medidas legales que garanticen
un entorno digital seguro para los jóvenes y los niños. Para ello, la
Estrategia sobre los Derechos del Niño; la
Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea y el
Proyecto de Ley de Seguridad en Línea del Reino Unido han servido como guía. No obstante, esta última norma ha sido bastante controvertida a nivel nacional.
Todas las disposiciones mencionadas plantean, bajo su plan de acción, una colaboración constante y estrecha con la sociedad civil y, principalmente, con las empresas privadas con el objetivo de poder desarrollar el “multilateralismo y acciones-colectivas”. Por eso, medidas como la británica han causado tanta incomodidad en la opinión pública porque, según indican muchos expertos, pueden poner en riesgo la seguridad y la privacidad de los ciudadanos.
"No existe diferencia entre mundo online y offline, puesto que para los jóvenes el mundo real y el digital son lo mismo”, Emilio Puccio
La ley británica entró en vigor en agosto de 2023 e indica que las plataformas en línea deben llevar a cabo un proceso de verificación de la edad del usuario. Así, los menores estarán protegidos ante el hostigamiento, el ciberacoso y la pornografía. Pero la contrapartida es que los sitios online tendrán mayor control sobre la información de sus consumidores. De hecho, Wikipedia, la octava página más visitada en Reino Unido, ha declarado que no podrá acatar esta medida porque viola los principios de la Fundación Wikimedia sobre la recopilación de datos de sus usuarios.
La Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea tiene como propósito defender la misma causa. Este es el primer ordenamiento jurídico del mundo que obliga a las empresas privadas a reportar y retirar contenido peligroso para los menores en Internet. En la presentación de la sección de infancia del Colegio de la Abogacía de Madrid, el Secretario General del Intergrupo del Parlamento Europeo sobre los Derechos del Niño, Emilio Puccio, comentó que “no existe diferencia entre mundo online y offline, puesto que para los jóvenes el mundo real y el digital son lo mismo”. Por ello, el compromiso de Europa con la protección de los jóvenes e infantes ha sido cada vez más férreo.
Ley italiana
Uno de los primeros países en poner en marcha una ley para limitar la consulta a estos contenidos en los móviles de los menores ha sido Italia. La Autoridad Reguladora de Comunicaciones de Italia, (AGCOM, por sus siglas en italiano) propuso en enero de 2023 unas directrices que entraron en vigor el pasado mes de noviembre, debido a la necesidad de establecer un control parental más eficaz en los teléfonos desde el punto de vista técnico.
Esta ley obliga a implementar un sistema de restricciones en las tarjetas SIM que estén a nombre de los jóvenes para que no puedan navegar por webs poco apropiadas para su edad. Las empresas telefónicas italianas deben bloquear los contenidos inapropiados de forma automática. En Italia, a partir de los ocho años un niño puede tener una SIM a su nombre. Sin embargo, muchos padres suelen ser los titulares de las líneas telefónicas de sus hijos, con lo cual, esta medida no podría llevarse a cabo.
El peligro que tiene este sistema es que se crea una base de datos que incluye a todos los menores titulares de dichas tarjetas SIM. De caer en manos inadecuadas, estos menores corren un gran peligro. “Somos dos padres arrepentidos por haberle dado el móvil demasiado pronto”. Estas son las palabras de Ilenia de Bernardis, una madre italiana de dos jóvenes. Durante la pandemia, debido a “aquella época de emergencia sanitaria” en la que la población de muchos países se aisló en sus hogares, decidió, junto a su marido, darle el móvil a su hijo de 11 años porque “encerrados en casa era una forma de socializar”. Ellos, como muchos padres, facilitaron el teléfono móvil a su hijo a una edad temprana.
“Somos dos padres arrepentidos por haberle dado el móvil demasiado pronto”, Ilenia de Bernardis
Ilenia comenta que en Italia están muy extendidos los controles parentales en los dispositivos de los adolescentes, pero que aun así, los niños consiguen sortear estas barreras virtuales y acaban viendo material digital poco apropiado: “cogí el móvil de mi hijo y vi que había visto imágenes violentas”. Asegura que una ley como la que ha implementado su país supone una ayuda extra para realizar un mejor control sobre los dispositivos de los niños.
El humanista y profesor de la UFV, Marcelo López, corrobora la experiencia de Ilenia: “No tenemos la capacidad para tener el conocimiento tecnológico de nuestros hijos, van por delante. Necesitamos, por tanto, una ayuda del exterior”. López declara que “los jóvenes tienen muchos problemas de autorregulación” y que cuando lleguen a la edad adulta tendrán presente el móvil de forma constante. Sin embargo, López añade que la ayuda del Estado no es suficiente, ni suple el papel fundamental de los padres en la labor educativa de sus hijos.
Por eso hay que “generar medidas educativas por parte de los padres, de los colegios, para que sean ellos mismos capaces de regular el uso que hacen del móvil”. Ilenia asegura que no conoce “a ninguna madre o padre que esté sereno respecto a la tecnología” y que en la escuela de sus hijos ya ha asistido a “dos o tres reuniones entre padres y profesores para hablar de los riesgos y posibilidades tecnológicas con las que uno se puede encontrar hoy en día”.
Por su parte, Lamana resalta que todas las leyes deben ir seguidas de unos límites y del acompañamiento de los padres: “Para que unos límites sean bien recibidos tienen que venir desde la ternura”. Además, es muy necesario “tener conversaciones sobre estos temas” con los hijos “porque si ellos sólo perciben el límite, no entienden el sentido del mismo”. Enseñar que “hay una forma sana de relacionarse con eso, que esa norma de alguna forma custodia un bien, ese sí que es papel de los padres y no del Estado”.
Los hijos siguen el ejemplo y modelo de sus padres. “A lo mejor no puedes evitar que tu hijo se exponga a este tipo de contenidos, pero lo que sí puedes hacer y lo que los niños van a ver es cómo te relacionas tú con esas cosas”. La madre italiana coincide con las palabras del psicólogo, el ejemplo “es muy importante, porque si un papá y una mamá durante una cena familiar tienen el móvil en la mesa, ese niño lo va a hacer”.
En relación con la nueva ley, el psicólogo comenta que el ejemplo de los padres supone cerca del 90% de la labor de educación: “A los hijos no les queda tanto lo que los padres dicen, pero de lo que ven hacer aprenden muchísimo”. A esto añade que no sirve de nada que el Estado impida a un niño acceder a ciertas plataformas, "si ve que sus padres lo hacen con total normalidad”.