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Desesperado por conseguir una reforma exprés de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con la que aprobar la nueva senda de déficit y salvar los Presupuestos con más gasto público, como le exige Podemos para dar su visto bueno, el Gobierno echó este martes mano de una argucia que despierta dudas legales para saltarse la decisión de la Mesa del Congreso. Donde la mayoría que forman el PP y Ciudadanos rechaza cualquier acelerón en los tiempos parlamentarios y que condena a la reforma instada por Pedro Sánchez a una tramitación lenta en el Congreso y, posteriormente, en el Senado.
Ante esta situación de «bloqueo» -denuncia el PSOE-, el Grupo Parlamentario Socialista presentó a última hora de la tarde una enmienda en una ley que nada tiene que ver con los Presupuestos ni el déficit. Se trata de una proposición de ley sobre formación de jueces contra la violencia de género que se está tramitando en la actualidad. Utilizando este canal abierto en el Registro del Congreso, el PSOE coló una enmienda para cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria en su apartado 15.6, que alude a la capacidad de veto del Senado a la hora de aprobar la senda de déficit. Para arrebatarle esta potestad y favorecer que la última decisión la tenga el Congreso en el caso de que el Senado votase en contra. Lo que ya sabe que va a suceder porque el PP tiene mayoría absoluta.
La sorpresa fue mayúscula y el estupor corrió entre los grupos de la oposición y algunos juristas consultados por este periódico, pues se trata de una práctica en desuso desde hace muchísimo tiempo. Es más, fuentes parlamentarias advierten de que pedirán un informe a los letrados del Congreso para saber si esta práctica entra dentro de la legalidad al tratarse de una reforma de una ley orgánica, es decir, una norma de alta importancia porque desarrolla los derechos fundamentales recogidos en la Constitución. En este caso, en el artículo 135.
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