Trabajar con pérdida: la protesta del sector agroalimentario

El peso de la agricultura en la economía nacional española varía según comunidades. En Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y Aragón el peso de este sector supera al menos el 6% del Valor Añadido Bruto (VAB) regional, mientras que en Madrid, Baleares, País Vasco, Cataluña, Canarias, Asturias y Cantabria el sector primario representa menos del 2% del VAB regional.

Sin embargo, a pesar de la desigualdad regional, lo que demuestran los datos es que la economía española se está transformando en beneficio del sector terciario o de servicios. Este cambio de producción ha supuesto diferentes problemas: desde influir en el crecimiento de la llamada España vaciada, hasta promover un "olvido" del sector primario; sobre todo, porque el sector servicios ha "ganado nada menos que 30 puntos de PIB en el último medio siglo, hasta situarse en torno al 76% del PIB", según el último informe de Bankia Research. 

Si la agricultura ha perdido peso en el PIB español, ¿a dónde va esa producción? El 80% de las frutas y hortalizas españolas se destina a la exportación. Es más, España es el cuarto país exportador de productos básicos agrícolas de la Unión Europea (UE). Su cuota de exportación solo es superada por Alemania, Francia y Países Bajos. Así lo registran los datos del Ministerio de Agricultura, que agregan, además, que del 20% de la producción restante solo un 7% acaba en los lineales de los supermercados.

A pesar de la baja proporción dirigida a las grandes superficies, el enfrentamiento entre los agricultores y las tiendas de alimentación ha protagonizado las noticias en los medios de comunicación, en el marco de la protesta del campo. 

Las principales asociaciones del sector, como Upa, Coag y Asaja, han convocado numerosas movilizaciones de agricultores y ganaderos en Galicia, Extremadura, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha, Cantabria y, recientemente, Madrid. Los manifestantes denuncian la precariedad del sector que ha sufrido una caída de las rentas de la actividad en un 8,6% en 2019. El agricultor solo percibe una “parte mínima” de lo que paga el consumidor por el producto, sobre todo en sectores como el de frutas, hortalizas, vino, aceite y cítricos. Estos precios no cubren los costes de producción, cuyo incremento hace que el margen que se lleva el productor sea mínimo o,  incluso, que registre pérdidas. No es rentable para los productores porque no les genera un margen de beneficio digno y proporcional a su labor.

Además, los agricultores, que cada vez reciben una remuneración menor por sus cosechas, consideran que los productos se venden mucho más caros en los establecimientos de la gran distribución. Añaden que las ofertas de productos básicos por parte de los supermercados no hacen sino devaluar aún más su producto y lo que se les paga en origen.  Por ello, el sector exige detener el reparto desigual del valor y reformar la estrategia de ventas a pérdida de las grandes cadenas.

El Gobierno ha reconocido estas dificultades y ha convocado una mesa de diálogo para buscar respuestas. En esa línea, con los datos del Ministerio y conociendo a dónde está destinada la mayoría de la producción agrícola, el sector de la distribución pide que el 100% de la cadena agroalimentaria esté en la mesa de diálogo y no solo el 7% correspondiente a las grandes superficies, porque los trabajadores consideran que solo así se encontrarán medidas que se ajustan a la realidad del campo español. 

A la falta de mecanismos para regular los mercados, la falta de fondos para el seguro agrario, la presión de la gran distribución y el alza de los costes de producción se le suma la conyuntura internacional. Esta también dificulta que los agricultores españoles compitan de manera justa en el comercio internacional. La subida de los impuestos al diésel, la incertidumbre por los aranceles de Estados Unidos, el Brexit y la frecuencia de las crisis climáticas -que deterioran las cosechas- también contribuyen a la precariedad del sector primario.

Otro factor importante son las importaciones procedentes de terceros países que entran a la Unión Europea a precios más bajos y con estándares menores a los exigidos a los productos comunitarios. Las ayudas de la UE, que ya son difíciles de conseguir sobre todo con terrenos agotados, vaticinan un recorte. Además, los agricultores denuncian que la política de Bruselas es lenta para entrar en nuevos mercados y evitar aranceles.

Es por ello que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado que promoverá un programa de gestión en la futura Política Agrícola Común (PAC) para fomentar la promoción y la entrada a nuevos mercados. 

Todos los factores anteriores hacen menos rentable la actividad agraria. Para rematar, hace unas semanas el nuevo Gobierno anunció el aumento del 5,5% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Los expertos advierten que puede tener un efecto negativo en sectores con mayor mano de obra,  como es el de las frutas y hortalizas, parte del olivar y el viñedo.

Además, el aumento consecuente de la cotización a la Seguridad Social empeora la situación de los trabajadores, ya que los rendimientos agrarios se sitúan un 11% por debajo del SMI aprobado para el año 2020. 

Es decir, el SMI previsto para el año no llega, de media, a los agricultores de ninguna comunidad autónoma a excepción de Murcia, Andalucía y La Rioja. En ese sentido, los agricultores no se oponen a la subida del SMI, pero piden que se tengan en cuenta las rentas del campo para que sea rentable.

El Gobierno ha anunciado una serie de medidas como pueden ser "erradicar prácticas desleales, prohibir la venta a pérdidas de productos como el aceite o la leche, obligar a que se incluya el coste de producción de los alimentos y publicitar sanciones a las cadenas que incumplan la norma". De esta forma esperan poder aliviar la tensión de los agricultores y mejorar la situación para comenzar un diálogo sectorial.