Un gobierno a golpe de decreto

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado el Decreto-Ley que permitía la entrada del ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y del jefe del gabinete de la Presidencia, Iván Redondo, en la Comisión Delegado para asuntos de Inteligencia del CNI. El recurso lo presentó el partido Vox, bajo la acusación de “aprovechar un decreto-ley para colar a Iglesias en el CNI”.

El TC lo ha declarado anticonstitucional por no considerarse de “urgente y de extrema necesidad”, características que deben cumplir los Reales Decretos-Leyes. El conflicto surgió a raíz del Real Decreto-Ley 8/2020, de 18 de marzo, que regula las medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto social y económico de la COVID-19. El texto legal incluye una modificación en el artículo 2 del apartado 6 que establece la posibilidad de que haya más de un vicepresidente representando al Gobierno en el CNI. Esto dió vía libre a la entrada de Pablo Iglesias e Iván Redondo en la Comisión reguladora de este servicio. 

Los reales decretos-leyes son actos administrativos del Gobierno que tienen rango de ley y que no necesita aprobación del Congreso para su entrada en vigor. Posteriormente, el Parlamento cuenta con 30 días para aprobarloso derogarlos. 

Tras la decisión del TC ha surgido la polémica por el número de decretos-leyes que el Gobierno de Sánchez ha promulgado en estos dos años de legislatura. Desde el 1 de junio de 2018, se han tramitado 89 decretos-leyes. Solo en 2020, se han publicado 39 decretos-leyes de las 52 leyes aprobadas. Así, el 72% de las normas con rango de ley han sido desarrolladas a través de un Real Decreto-Ley.

 

 

 

 

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