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Algo empieza a cambiar en el seno de la Unión Europea respecto a la ultraderecha alimentada a la sombra del nacionalismo y la xenofobia. Al menos algo se movió ayer en Estrasburgo, cuando, por primera vez en la historia del Parlamento Europeo, en una votación histórica, una mayoría de eurodiputados apoyó iniciar el trámite para sancionar a Hungría por poner en riesgo el Estado de derecho. Por 448 votos a favor y 197 en contra, la Eurocámara insta a las autoridades de la UE a actuar contra el Gobierno del primer ministro Viktor Orbán por considerar que se encuentran en riesgo los valores fundamentales de la UE, haciendo hincapié en «la independencia judicial, la libertad de expresión, la corrupción, los derechos de las minorías y la situación de migrantes y refugiados».
Se trata de aplicar el artículo 7 del Tratado de Lisboa, el llamado «botón nuclear», por primera vez contra un socio por no cumplir los principios básicos sobre los que descansa la Unión Europea y que se ha comprometido a respetar en el momento de que firma el acuerdo de adhesión. De salir adelante, se puede castigar al miembro sancionado, entre otras cosas, con la privación del derecho de voto en el Consejo, es decir, no tendría nada que opinar o decidir en asuntos que afectan directamente al país, sería tutelado, de alguna manera, por sus socios. Toda una humillación para un primer ministro húngaro que ha hecho del desafío a las autoridades comunitarias casi su razón de ser ante sus electores, que le dieron un respaldo del 52% en las pasadas elecciones.
Es prácticamente imposible que salga adelante la propuesta, porque ésta pasa ahora a los respectivos Estados y debe pasar dos filtros. El primero en el Consejo de Ministros, que debe constatar, por mayoría de cuatro quintos, que efectivamente existe en Hungría alto riesgo de violación de los derechos fundamentales. Por tanto, si el país centroeuropeo consiguiese el apoyo de cuatro socios (Budapest no puede votar), podría parar en seco el proceso a las primeras de cambio. Tal y como están las cosas por Bruselas, no parece complicado. Polonia, República Checa, Malta, Italia... pueden estar viéndose ya en el papel de Orban, y podrían echarle una mano. Una vez superado este trámite, pasaría al Consejo de la UE, donde se requiere unanimidad para completar el castigo.
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