Tienen razón los independentistas catalanes. Tiene razón Carles Puigdemont desde su cobarde fuga a Bélgica. Tiene razón la anticapitalista Anna Gabriel tras huir a la capitalista Suiza. Tiene razón Roger Torrent en sus quejas ante los jueces como presidente del Parlament de Cataluña. Tiene razón Ada Colau... Todos ellos tienen razón. Aciertan cuando denuncian que en España hay una anomalía democrática. Desde luego que la hay. Sólo hay que ver lo ocurrido en su comunidad autónoma durante los últimos años y, en particular, lo sucedido desde el pasado mes de septiembre con la ejecución extrema de un golpe de estado a la ley, al Estatuto de Autonomía, a la Constitución española de 1978 y al deseo de más de la mitad de los propios catalanes.
El órdago de Puigdemont era tan descarado e inconsistente que nadie admitió su amenaza
Tienen razón Puigdemont, Gabriel, Colau y Torrent en la anomalía democrática que denuncian a los cuatro vientos. Aciertan en el diagnóstico, pero yerran al señalar a los culpables. Lo verdaderamente extraño y esperpéntico es que el presidente de una comunidad autónoma haya echado un pulso al resto del país y que, además, lo hiciera convencido de salir ganador. El órdago de Puigdemont era tan descarado y tan inconsistente que ninguna institución admitió su amenaza al otro lado de la mesa. Nadie se sentó a negociar como él pretendía para salir victorioso. El Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial le pidieron que frenara su desafío, le advirtieron de las consecuencias a través de varias resoluciones de los tribunales y, ante el desacato y el delirio del secesionismo, actuaron simplemente con los recursos que el ordenamiento otorga a cada uno de ellos. Por separado, pero al unísono, con cautela, pero con la fortaleza de la ley y nada más que la ley.