Barcelona 2016

Un hombre trabaja una serie de años, junta unos ahorros, monta una pequeña empresa, se arriesga, adquiere un edificio, pero no puede rentabilizar su inversión porque unos desconocidos lo han okupado sin su consentimiento, sin pagar nada por su uso y desgaste. No se van, el hombre no puede seguir adelante con su negocio con el que generar, quizá, algún empleo más. Afectado por la okupación acude a un juez, que le da la razón y la Policía expulsa a los okupados. Hasta aquí todo normal en un Estado de Derecho que se rige por unas normas y leyes iguales para todos y una Policía con la autoridad para hacer que se cumplan.

Ahora lo que ha pasado en Barcelona:
Para que no echen a los okupas, un alcalde destina más de 65.000 euros de las arcas públicas a pagarles el alquiler del lugar. Es época electoral y no quiere líos. El acuerdo se hace en secreto, tanto que ni los okupas se enteran. Aún así, el alcalde pierde las elecciones, otra alcaldesa con un discurso más acorde a los okupas le sucede en el cargo y mantiene el alquiler hasta que vence el contrato. Rechaza renovarlo. Cuando los okupas se enteran de que no les echaban porque todos los barceloneses les estaban pagando la fiesta, lejos de agradecerlo, se enfadan más. “Renunciaste al honor para evitar la guerra y tendrás la guerra y el deshonor”, dejó dicho Churchill. Tras el desalojo los okupas revientan marquesinas, vehículos de particulares, semáforos, un camión de la limpieza municipal, un kiosko... Cifran los destrozos en al menos otros 60.000 euros a pagar -otra vez- entre todos los barceloneses. Lo que se cuestiona, en cambio, es si la Policía se empleó con dureza o por qué han expulsado a unos muchachos que hacían bien al barrio prestando servicios como, por ejemplo, una tienda de ropa de segunda mano. Ese debate eclipsa el hecho de que un alcalde destine decenas de miles de euros a calmar a unos okupas en lugar de destinarlo, por ejemplo, a un hospital en el que no sobra precisamente el dinero.

La nueva alcaldesa condena los destrozos, pero -siempre hay un pero- deja claro que trabaja para buscarle un sitio nuevo a los okupas del 'Banc Expropiat', que ni es un banco, ni era expropiado, sino una okupación de salón pagada con dinero público. La alcaldesa no cita en cambio al kioskero que se levantó ese día temprano a trabajar y se encontró con su negocio reventado. El ex alcalde pone un tuit para ensalzar a los okupas: "son queridos por la gente del barrio ya que realizan tareas sociales y humanitarias". Desde el partido que sostiene al Gobierno en Cataluña critican el "despliegue militar" de la Policía, uno de sus concejales se persona en el desalojo -instado por un juez- en apoyo de los okupas, otra diputada dice que cuando se altera la convivencia eso es lo que pasa (no se está solidarizando con el dueño del edificio okupado precisamente). Ese mismo partido invitó hace unos días al Parlamento de Cataluña a Arnaldo Otegi, que fue recibido en la cámara como hombre de paz. Ese partido cada vez que se presenta a unas elecciones saca más votos. Barcelona, 2016.

Hace unos meses Madrid acogió -también con dinero público- un espectáculo de titiriteros en los que que los malos eran un propietario, un juez y un policía que echaban a una bruja okupa, la víctima. Qué coincidencia. Todavía hay quien defiende ese espectáculo de marionetas como algo inocente.

Artículo publicado en www.lasemana.es y reproducido en Corresponsales de Paz por gentileza de la dirección de Lasemana.es