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La ocupación del espacio público en Cataluña mediante símbolos independentistas ha sido una constante durante el Gobierno de Quim Torra. Y, en la medida en que entraña un desprecio manifiesto por la democracia, es peligroso habituarse a este tipo de colonización partidista de las instituciones, especialmente grosera en los casos de instalaciones de esteladas y lazos amarillos en los edificios de la Generalitat.
Esta situación lleva arrastrándose varios meses. Uno de los primeros en pronunciarse al respecto, desde la llegada de Torra al Govern, fue el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cuando el pasado julio condenó la instalación de una estelada en el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallés porque implicaba una "vulneración de los principios de objetividad y neutralidad institucional". En septiembre, el Defensor del Pueblo expresó su preocupación en un sentido parecido.
El 5 de marzo se publicó el Real Decreto de convocatoria de elecciones y, al día siguiente, Ciudadanos exigió al Govern la retirada de los lazos amarillos, amparándose en la normativa electoral. El consejero de Exteriores de la Generalitat comunicó a los naranjas su negativa: "Si quieren neutralidad, que se acaben los juicios políticos a los presos políticos". Ciudadanos formuló una queja ante la Junta Electoral Central.
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