La coalición republicana

Hay una mala noticia para los republicanos, y es que la monarquía parlamentaria mantiene el prestigio intacto cinco años después de la abdicación del Rey Juan Carlos, cuyo diseño político y legal fue el último gran éxito del bipartidismo dinástico. La Corona se ha consolidado resistiendo dos pruebas cardinales como la prisión de Urdangarín y el golpe separatista contra la integridad del Estado; sólo una institución muy sólida podría absorber sin tambalearse esa clase de impactos. Felipe VI ha levantado cortafuegos de transparencia para mantener la ejemplaridad a salvo y ha afrontado una crisis política descomunal jugándose el liderazgo, como su padre, cuando el resto de autoridades de la nación amenazaba con entrar en colapso. En aquel discurso de octubre asentó la legitimidad de ejercicio y se ganó la estima de la mayoría de los ciudadanos, aunque los enemigos de la Constitución no se lo hayan perdonado.

Porque también hay una mala noticia para los monárquicos, y es que los partidos rupturistas tienen la abolición fijada en el entrecejo. El independentismo catalán, el vasco, legatario de ETA, y el conglomerado poscomunista de Podemos alientan un programa destituyente, de cambio radical de modelo, en el que la Jefatura de Estado constituye un objetivo directo. Esa coalición anticonstitucionalista goza de elocuente peso específico en el Congreso, como pudo verse cuando sus diputados convirtieron el acto de jura en un inaceptable esperpento. Hoy no podría abordarse una operación como la del relevo en el Trono sin grave riesgo de sabotaje del consenso. Y la cuestión se vuelve especialmente delicada ante el hecho de que los adversarios del sistema han sido, y con alta probabilidad volverán a ser, los socios preferentes del Gobierno encargado de hacer respetar las reglas del juego.

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