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La democracia es vista por muchos como un sistema capaz de abrir paso a la libertad. Sin embargo, la libertad va intrínsecamente ligada a la verdad, la justicia y la responsabilidad moral. Hoy nos encontramos frente a un dilema de gran relevancia: la inclusión de terroristas no arrepentidos o implicados en delitos de sangre en las listas del partido EH Bildu para las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 mayo en España.
Es crucial reconocer que, en términos estrictamente legales, una persona que ha cometido actos atroces pero ha cumplido su condena, tiene derecho a participar en la vida política. Sin embargo, la legalidad no siempre equivale a la moralidad. El mal no se convierte en algo aceptable simplemente porque sea legal. Así, aunque la ley permita que un terrorista no arrepentido se postule para un cargo público, esto no implica que sea moralmente correcto.
Es razonable cuestionar la capacidad de alguien que no se arrepiente de acciones intrínsecamente malas para liderar a otros hacia el bien común. Si un candidato no es capaz de expresar su arrepentimiento por sus actos pasados, ¿qué garantías existen de que defenderá y protegerá a las personas e instituciones que representa? Como señalaba Chesterton en Ortodoxia: "El verdadero soldado lucha no porque odia lo que tiene delante, sino porque ama lo que tiene detrás". En otras palabras, lo que motiva al soldado no es el odio a sus enemigos, sino el amor por lo que protege. Personalmente, siempre me ha resultado difícil confiar en un político que promete proteger a mi familia y mis derechos civiles, pero dedica escasas horas a la semana a su propia familia.
Para determinar la aptitud de una persona no arrepentida para un cargo de responsabilidad, debemos considerar que el arrepentimiento es esencial para propiciar un cambio que contribuya a su crecimiento moral. Solo en una sociedad donde la justicia no se valora ni se busca, este factor no se tendría en cuenta. Por tanto, si el arrepentimiento no está presente, son legítimas las inquietudes sobre la capacidad de estas personas para ocupar un cargo público, donde se requiere un alto grado de confianza y responsabilidad moral.
A pesar de esto, en una democracia, la decisión final recae en la sociedad. Por lo tanto, el votante debe considerar la moralidad y virtud del candidato, quién lo ha incluido en las listas y quién apoya, por acción u omisión, que un partido político presente en las listas electorales a personas que no se arrepienten de haber cometido asesinatos o que apoyan a los que lo hicieron.
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