Lo negativo de una inflación elevada

Hemos conocido el indicador adelantado del IPC de octubre, cuya tasa interanual aumenta un punto y medio respecto a la de septiembre y se sitúa en el 5,5% -con impacto importante en ella de los precios de la energía-, con una inflación subyacente -que excluye los alimentos no elaborados y el componente energético- que se incrementa cuatro décimas, hasta el 1,4%. Desde noviembre del año pasado se está produciendo una escalada de la tasa anual de inflación, subiendo desde el -0,8% interanual de noviembre de 2020 hasta el 5,5% de este mes de octubre, con un pequeño respiro que reflejó el índice en el pasado mes de febrero, donde se aplanó ese mes para crecer, al mes siguiente, 1,3 puntos, para continuar incrementándose en los meses restantes. La tasa mensual del índice general, por su parte, sube un 2%, es decir, 1,2 puntos más que hace un mes, cuando en julio se encontraba en un -0,8%. Los precios, claramente, se están disparando de manera rápida y alarmante.

Los bancos centrales, en especial la Reserva Federal y el Banco Central Europeo (BCE), insisten en que este repunte de la inflación parece que será pasajero. No obstante, si hace un par de meses el cambio a una política monetaria contractiva parecía lejano, ahora ya se dejan oír algunas voces de dichos bancos emisores que abren la puerta a un endurecimiento de su política monetaria, que encarecería el coste de la deuda pública, con su impacto en el presupuesto y en la cuota hipotecaria de las familias con préstamo a tipo variable.

Aunque fuese cierto que el repunte de la inflación pueda ser pasajero -especialmente, con la tensión introducida por los precios de la energía- insisto en que no se puede tomar a la ligera y obviar el problema, porque si se da la espalda al mismo y no se contempla en toda su extensión, puede transmitirse la presión inflacionista al medio y largo plazo.

Por ejemplo, los propios costes energéticos encarecen los procesos de producción, que pueden desembocar en una repercusión de los mismos en los precios de los productos y servicios. La electricidad, los carburantes y el gas están aumentando de manera muy importante. El incremento en dichos elementos es importante, porque su efecto se transmitirá a toda la cadena de valor, con el consiguiente incremento de todos los precios. De hecho, si analizamos el dato del indicador adelantado de octubre, eso ya está sucediendo, porque un aumento así del IPC en tan poco tiempo sólo puede materializarse si el alza ya se está aplicando a todo el proceso productivo. 

Todo ello, mermará la capacidad de compra de los agentes económicos, con el consiguiente impacto negativo en el consumo, que, a la larga, reducirá la producción y, por tanto, la inversión ante la caída de ventas, que reducirá, por último, el empleo, cuya EPA publicada recientemente tiene muchos elementos preocupantes, como se puede ver más allá de la superficie de los datos. El impacto de la presión de precios en todo el proceso productivo ya se está viendo, como digo, pues el índice general aumenta rápida y fuertemente, por la subida de los costes energéticos, como la electricidad y el petróleo, pero también sube ya con fuerza y de manera constante la inflación subyacente, que excluye los productos energéticos y alimentos no elaborados, como hemos dicho antes, de manera que el mal que supone la inflación ya se está extendiendo, espoleado, además, por el aumento del precio del transporte en contenedores o la crisis de escasez de semiconductores, por poner dos ejemplos que elevan los precios. No hay más que ver la variación “year to date” de muchas materias primas, recursos y productos para darnos cuenta de ello. En las pantallas de los mercados financieros podemos comprobar cómo dicha tasa aumenta un 12% para alimentos y bebidas; un 25,60% para mercancías; un 26,47% para el azúcar; un 26,91% para la carne; un 31,49% para el pollo; un 38,12% para el petróleo; un 41,45% para el aluminio; un 50,97% para el uranio; un 52,98% para combustibles; o un 91,39% para el gas natural.

Esta variación se va comprobando directamente en su repercusión al ciudadano: si una persona acostumbra a realizar la compra, puede ver cómo en el espacio de menos de un mes los precios de los productos alimenticios han subido de manera muy importante, al comenzar a trasladar los productores el aumento de costes que están sufriendo.

Esto, introducirá también presión extra en la negociación colectiva por vía salarial, que puede llegar a crear una espiral peligrosa precios-salarios, que disminuiría la productividad y la competitividad de nuestras empresas, con pérdida de penetración en mercados exteriores y descenso de exportaciones y, por tanto, menor actividad e inferior generación -cuando no, destrucción- de puestos de trabajo.

Por último, la inflación encarecerá las pensiones, al indexar, nuevamente, su revalorización a la evolución de los precios. Con esta inflación creciente, la factura de las pensiones aumentará, y mucho, sólo por este efecto.

Todo este panorama puede causar un impacto muy negativo en la actividad económica y en el empleo, aunque el aumento inflacionista fuese sólo temporal en el corto plazo, pero que, con el impacto concatenado en los temas comentados y la merma de oferta por encarecimiento de componentes tecnológicos y de transporte, puede convertirse en estructural.

No se puede bajar la guardia, pues, a mi juicio, el mayor riesgo que corremos es que, por considerarlo algo pasajero y del corto plazo, se aplace la decisión de ir retornando, poco a poco, a políticas monetarias ortodoxas, con prudencia, para no provocar un colapso en la economía, pero con determinación para volver a una situación monetaria más racional. De ese modo, si nos olvidamos de que la inflación puede llegar a consolidarse -y ya está empezando a hacerlo-, se estará incentivando precisamente esa consolidación de la misma en el medio y largo plazo, con todos sus efectos negativos, por el abandono completo de toda ortodoxia.

Por eso, se hace imprescindible seguir de cerca la inflación, no olvidarnos de que es el objetivo único del BCE, y combatirla, evitando que el alza del corto plazo pueda consolidarse en el medio y largo plazo, porque, de volverse estructural, nos encontraremos entonces con un problema adicional a la ya incierta situación económica que vivimos.

La inflación puede perjudicar al valor real de los activos; perjudica al poder adquisitivo; fomenta un mayor endeudamiento -por valer, en términos reales, menos, las deudas-; por otra parte, perjudica a los presupuestos públicos que refinancian la deuda de manera constante, camino, en la práctica, de deuda perpetua, al poder sufrir incremento en el coste de dicha refinanciación si suben los tipos de interés para poder controlar esa subida de precios; y supone una mayor presión tributaria para los agentes económicos, ya que, al subir los precios, la base sobre la que se aplican los impuestos es mayor. Todo ello, además, puede terminar en la antes comentada espiral precios-salarios peligrosísima para la economía.

De lo contrario, el fantasma de la estanflación puede aparecer. Para evitarlo, necesitamos ortodoxia monetaria, estabilidad presupuestaria -con menos gasto y menos impuestos- y reformas estructurales; de lo contrario, tendremos estancamiento, desempleo elevado y precios altos y la estanflación se habrá apoderado de la economía.