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¿Quién acabó con ETA?

Alejandro Requeijo | Periodista especializado en Seguridad, Interior y Terrorismo

No fue el diálogo lo que acabó con los atentados de ETA. Ni el anterior a la bomba que destrozó un aparcamiento de la T4 de Barajas en 2006, en pleno proceso de negociación, ni el que se mantuvo después, según ha confirmado el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero en una entrevista de El País. Entre el atentado en el aeropuerto y el anuncio del cese definitivo de la violencia en octubre de 2011 pasaron cinco años y la banda mató a doce personas más que sumar a sus más de 800 víctimas.

"El diálogo o el debate interno del mundo proetarra fue la consecuencia de la verdadera razón del fin de ETA: el acoso policial y judicial"

En todo caso, el diálogo o el debate interno del mundo proetarra fue la consecuencia de la verdadera razón del fin de ETA: el acoso policial y judicial. Entre el atentado de Barajas y la declaración del cese definitivo se multiplicaron las detenciones. Destacados dirigentes eran arrestados casi cada semana. En 2008 fue arrestado el jefe del aparato político, Francisco Javier López Peña, alias ‘Thierry’. En 2009 cayó el jefe de los comandos, Garikoitz Azpiazu Rubina, alias ‘Txeroki’. Tras él, casi todos sus sucesores: Jurdan Martitegui, Aitzol Iriondo o Mikel Carrera Sarobe. También decenas de miembros de Segi -la cantera de la banda- o Ekin -los guardianes de la ortodoxia etarra en todo el entramado abertzale-.

Cuando ETA decretó el cese definitivo, tenía 700 miembros en las cárceles españolas y francesas. Muchos de ellos eran veteranos de la organización que ya habían dado muestras de agotamiento como Francisco Múgica Garmendia, alias ‘Pakito’, o Ignacio Arakama Mendía, ‘Makario’, que en 2005 firmaron una carta pidiendo a la dirección una revisión de la estrategia. Eso sin contar con la llamada Vía Nanclares, que reunió a una veintena de etarras arrepentidos, entre ellos otros pesos pesados como Carmen Guisasola, Urrusolo Sistiana, ‘Txelis’...

Casi de casualidad fue la operación que aceleraría el final de la violencia. Fue una fría noche de enero en la localidad zamorana de Bermillo de Sayago, un escenario poco habitual. Una patrulla de la Guardia Civil hacía controles ante el auge de robos en el campo. En eso que pararon una furgoneta y cuando revisaron la carga se dieron cuenta de que sus dueños no eran precisamente ladrones rurales, sino un comando terrorista que se dio a la fuga con el coche de los guardias civiles. Les arrestaron en Portugal donde tenían una base logística hasta ese momento desconocida.

Tenían un arsenal en una casa de Óbidos, cerca de Lisboa. Hasta allí se habían ido huyendo de la presión policial también en Francia, su santuario durante sus primeras décadas. Tan solo unos meses antes, la izquierda abertzale ya había empezado a hablar de vías exclusivamente políticas, apelaron a los principios Mitchell que sirvieron en el proceso de paz de Irlanda del Norte. Aparecieron conceptos como la justicia transicional y figuras internacionales que se presentaban como mediadores.

Todo ese proceso iniciado por la vieja Batasuna ilegalizada encabezada por Otegi no partía de una convicción moral de que matar fue injusto. Partía de la misma premisa que la carta de ‘Pakito’ y ‘Makario’ en 2005: ETA, que en su día arrinconó al Estado con un muerto cada tres días, ahora ya no tenía fuerzas para derrotar a la democracia. Tocaba cambiar de estrategia. Todo ese proceso habría saltado por los aires si la Guardia Civil no hubiese llegado hasta Óbidos.

"Cada detención que practicaban las fuerzas de seguridad, era un argumento más a favor de parar las bombas"

Aquella operación reforzó las tesis de Otegi frente a las más irredentas de la dirección etarra. Confrontaron dos ponencias: los primeros impulsaron un documento llamado ‘Zutik Euskal Herría’ y la banda impulsó la ‘ponencia Mugarri’, que defendía seguir con los atentados. En las asambleas internas de la izquierda abertzale se impusieron los primeros. Cada detención que practicaban las fuerzas de seguridad, era un argumento más a favor de parar las bombas. ETA, arrastrando los pies y más debilitada que nunca, acabó asumiendo el resultado. Por primera vez los de las pistolas se plegaban ante su brazo político y no al revés.

Pero había que buscar una coartada para disimular la rendición y la vía fue buscar apoyos en la comunidad internacional para tratar de legitimar el proceso. Al auxilio del teatrillo acudieron a hacer su particular agosto supuestos referentes internacionales, mediadores, presuntos expertos en resolución de conflictos, fundaciones filantrópicas, nunca faltó algún cura irlandés... De cuando en cuando emitían declaraciones y comunicados a los que ETA iba contestando positivamente. Así hasta el 17 de octubre de 2011 con la declaración de Aiete en la que le pidieron el cese definitivo y una negociación al Gobierno.

Solo tres días después, la banda correspondía con su comunicado. Al otro lado, Mariano Rajoy ganó las elecciones generales y no continuó los contactos de su antecesor. Pasaron los años y, sin diálogo ni negociaciones, ETA continúo su desaparición por fascículos, tratando de capitalizar el desmantelamiento de sus arsenales con desarmes de dudosa fiabilidad sin que ni Madrid ni París les hiciesen mucho caso. En 2018 el mundo ya había pasado página y la organización criminal, derrotada y desplazada de la agenda, anunció su disolución definitiva.