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Subir impuestos ahuyenta la prosperidad

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

José María Rotellar | Economista y profesor de la UFV

El Gobierno ha ideado una serie de medidas en el IRPF que de poco sirven como alivio a los ciudadanos, pues su escasa rebaja se ve absorbida por el mayor coste que las rentas bajas le pagan en impuestos debido a la inflación; se olvida de la clase media y machaca la generación de riqueza al ahuyentar la inversión y el ahorro.

Muchas rentas altas han empezado a estudiar, tras el anuncio, irse a otros lugares. Estas son las que pueden invertir y quienes tributan a tipos más elevados en el IRPF. Además, son las que tienen una mayor capacidad de compra y adquieren productos de mayor valor y, con ello, el impuesto directo que pagan es superior, puesto que la base del producto es más elevada.

Esto va a empobrecer a España, pues provocará una fuga de contribuyentes, por ejemplo, hacia Portugal, que ofrece unas condiciones más benignas en el tratamiento fiscal. Si ya muchos profesionales muy cualificados, de carreras exitosas, se han mudado a Portugal cuando se han prejubilado o como profesionales autónomos si su trabajo lo pueden realizar a distancia, ahora lo harán más, de prosperar este impuesto demagógico.

“Es probable que el recorrido de este nuevo impuesto sea corto y, en un futuro, la justicia lo anule”

Además de demagógico y populista, ese nuevo impuesto es poco útil, desde el punto de vista recaudatorio, pues aunque consiguiera los 1.500 millones de euros que estiman podrán recaudar, cosa difícil, porque antes se irán muchos contribuyentes, no deja de ser una cantidad irrisoria respecto al presupuesto de gasto. Solo generará pobreza y merma en la recaudación, cosa peligrosa, pues cuando los recursos de los ciudadanos se agoten con la inflación y empiece a reducirse de manera importante el consumo, la recaudación puede caer a plomo, con un nivel de gasto estructural que se mantendrá y que elevará déficit y deuda todavía más.

Y, por último, es un tributo que puede ser inconstitucional, pues se está superponiendo (a falta de que ofrezcan detalles en el texto legal) al Impuesto de Patrimonio, que es un tributo cedido a las CCAA, según queda regulado por la LOFCA y por la ley del sistema de Financiación Autonómica. De esta forma, el nuevo impuesto podría suponer, en la práctica, la anulación de la competencia normativa cedida a las CCAA, de manera que si esto se produjese podría incurrir en inconstitucionalidad y en un fraude de ley, al recuperar la Administración General del Estado, subrepticiamente, la competencia normativa por la puerta de atrás, en lo que va un paso más allá de una supuesta armonización saltándose los cauces normativos correspondientes para ello, pues según lo conocido (a falta del texto legal) recupera unas competencias legalmente cedidas sin los trámites legales establecidos en la LOFCA y en la ley del Sistema de Financiación Autonómica.

Es probable que el recorrido de este nuevo impuesto sea corto y que, al igual que puede pasar con los impuestos a la banca y a las compañías energéticas, sea anulado por la justicia en un futuro. De suceder así, el Gobierno tendría que devolver lo recaudado.