Un intervencionismo dañino

El Gobierno hace agua por los cuatro costados. Ante ello, ha decidido responsabilizar de todos los problemas a la guerra de Ucrania, que es cierto que los ha intensificado, pero que, en primer lugar, no ha creado los desequilibrios de nuestra economía, sino que los ha acentuado y que, sobre todo, los ha sacado a la luz. En segundo lugar, en estas circunstancias difíciles es cuando se ve si un gobernante tiene ideas, capacidad de gestión y resolución. Sánchez no sólo es que no tenga esas cualidades; es que ni siquiera ha intentado diseñar un plan que acometiese un importante conjunto de reformas estructurales y que pudiese perdurar en el tiempo sin incrementar el gasto público y estropear todavía más las cuentas públicas, con un nuevo endeudamiento.

Ahora, trata de hacer de la necesidad, virtud y, tras afirmar que la inflación, la ralentización económica, los problemas en los suministros de ciertos materiales -como los semiconductores- son debido a la guerra, como si antes de ella no se diesen dichos problemas, quiere presentar su “excepción ibérica” en materia energética como un triunfo, cuando no aborda el problema y sólo impondrá más intervencionismo y más coste, sin saber cómo se pagará.

De la misma manera, publicita, al igual que ya hizo con los préstamos ICO durante el mal llamado confinamiento, y con el plan de recuperación, después, un plan de emergencia para paliar los efectos económicos de la subida de los carburantes, la energía y los precios en general, en el enésimo truco de prestidigitación que ya cada vez menos gente se cree, no hay nada más que ver cómo va aumentando el número de empresarios invitados a dichas escenificaciones que rehúsan asistir para darse cuenta de que no tiene ninguna credibilidad.

El plan presentado por Sánchez

En este sentido, el plan aprobado por el Gobierno por Decreto es un auténtico despropósito, pues va contra la libertad de empresa, prohibiendo el despido, por ejemplo; contra la propiedad, impidiendo una revalorización de los alquileres más allá del 2%; contra la libre empresa, al establecer topes en los precios de la energía; y contra la sostenibilidad de las cuentas públicas, al incrementar el gasto. Todo ello, envuelto en los fuegos de artificio de los préstamos ICO, al igual que en lo más duro de la pandemia.

Ninguna de esas medidas demagógicas solucionará el grave problema que vivimos, pues es un problema estructural y no se remedia con parches subvencionados; es más, lo agravará más, pues como seguimos viviendo en una liquidez abundante, los cuellos de botella son financiados y por eso, por dicho fenómeno monetario, la inflación se dispara -9,8% interanual según el indicador adelantado de marzo, la más elevada desde mayo de 1985, con la subyacente, verdaderamente peligrosa, en el 3,4%-, de manera que intensificar con más gasto público dichos cuellos de botella sólo cebará la presión inflacionista y hará más probable que la proyección de inflación a medio plazo se intensifique y que el BCE tenga que tomar medidas todavía más duras -con la consiguiente subida de cuotas hipotecarias, que ya se está dando por aumento del Euribor hipotecario, que disminuye también el poder adquisitivo de los ciudadanos- de las que debería empezar a implantar ya.

El Gobierno se niega a bajar los impuestos, salvo el mantenimiento de la aplicación del tipo reducido de IVA a los precios de la energía, de la rebaja en el impuesto especial a la electricidad o la suspensión del impuesto de generación eléctrica, nada nuevo -productos energéticos que no es ya que tengan una doble imposición, sino que sufren una sobreimposición, porque un impuesto se grava sobre el otro-. No rebaja el margen que tiene -cinco céntimos- los hidrocarburos, ni pide a Bruselas permiso para bajarlos más o reclasificarlos al IVA reducido. Tampoco toma la decisión, para la que no necesita autorización de Bruselas, sino una mera comunicación, de reducir el tipo impositivo del IVA general para todos los productos y servicios de dicho grupo, no sólo para los hidrocarburos, con el límite del 15% (tiene margen desde el 21%). Una vez más, incumple su palabra, esta vez dada en la Conferencia de Presidentes, y no bajará los impuestos.

El problema energético

Tampoco reforma el mercado energético, en el que debería apostar por la energía nuclear y por el fracking, que nos permitirían ser mucho menos dependientes y reducir la factura de la energía y, con ello, la de toda la cadena de valor, haciendo a nuestra industria más competitiva. Se niega a abandonar la cruzada absurda y extremista de la sustitución de fuentes energéticas sin tener preparadas otras y sin apostar por las fuentes de generación de energía antes citadas, en su horizonte 2030 en el que, a este paso, todos seremos mucho más pobres.

Todo lo basa en repartir subvenciones directas, con cheques ridículos para el montante en el que suben los precios: si un taxi llena su depósito con 100 euros, 57 euros se van en impuestos, mientas que le va a compensar con 300 euros una única vez. ¿Cuántas veces llena el depósito un taxista? Muchas, de las que se nutren las arcas públicas. Paralelamente, la subvención de 20 céntimos por litro es, eso, más gasto, no una bajada de impuestos, obligando, además, a las empresas petroleras a que costeen 5 céntimos de esos 20. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Con qué precio de referencia? Lo mismo en el sector energético, con el incremento del perímetro de aplicación del bono social. ¿No sería mejor que no se incrementase el gasto y que, además, se beneficiase a todos los ciudadanos con una rebaja de dichos desmedidos impuestos? Sería lo racional y lo que menos distorsionaría la economía, sin que hubiese transferencia de rentas, además, de quienes no emplean un vehículo hacia quienes sí que lo utilizan, pero el Gobierno se niega en redondo.

Empleo 

En cuanto al mercado de trabajo, abocarán a muchas empresas a su quiebra al impedirles ajustar plantilla, si lo necesitan, imponiéndoles los ERTE, que son buena herramienta si la empresa puede continuar a futuro con dicha plantilla, pero no son una solución si han de hacer un ajuste para salvar el grueso de los puestos de trabajo, bajo la amenaza de obligarles a devolver las ayudas recibidas. El Ejecutivo, en lugar de resolver el problema del paro con reformas estructurales que flexibilicen el mercado de trabajo, parece que se ha dispuesto a prohibir por ley el desempleo.

En el mercado de alquiler, impone la ya mencionada limitación de revalorización del precio de los alquileres en un 2%. ¿No se da cuenta de que muchos propietarios de viviendas en alquiler la tienen como un complemento de su salario o, en muchos casos, pensión? ¿Han de sufrir ellos una pérdida de poder adquisitivo por esta intervención pública en el mercado?

En el sector empresarial, no sólo va a fijar precios máximos, sino que, además, limitará los beneficios empresariales, todo, además, trufado de nuevas medidas regulatorias para el impulso de las energías renovables que está demostrado que no tienen capacidad suficiente para proporcionar una menor dependencia energética en España.

En resumen, con la excusa de la horrible guerra, el Gobierno quiere hacernos ver que los problemas económicos sólo se derivan de la misma, cuando no es cierto, y, sobre todo, la emplea para atenazar a la economía española de un intervencionismo atroz, que nos hará más pobres, más inseguros jurídicamente, menos sostenible a la economía por sí misma, más dependientes energéticamente y que nos dejará más endeudados y con los problemas no ya sin resolver, sino acrecentados. 

No es lo que necesitan ni los ciudadanos ni las empresas, porque no es más que un inmenso parche, una excepcionalidad más que hace que, excepción tras excepción, una intervención profunda en la economía se esté convirtiendo en la tónica, ahora utilizando la guerra como excusa. Es una medida que ni siquiera parece que sea pan para hoy, pero lo que es seguro es que será hambre para mañana.