Unos presupuestos regresivos

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) que ha presentado el Gobierno es un auténtico despropósito y puede causar un grave daño a la economía, al empleo y a la prosperidad. Este proyecto eleva el gasto en más de un 50%, hasta alcanzar los 194.456 millones de euros. Mientras la AIReF, el Banco de España, el FMI o la Comisión Europea piden reformas que permitan retornar hacia la estabilidad presupuestaria, el Gobierno se limita a justificar que este incremento es posible gracias a que estiman un crecimiento de la recaudación extremadamente optimista, que no se dará, y menos basado en la subida de impuestos confiscatoria que quieren llevar a cabo, por dos motivos: en primer lugar, porque dichas subidas, especialmente la del IRPF, no van a tener poder recaudatorio por la propia base sobre la que se aplicará, que disminuirá. En segundo lugar, porque lo único que conseguirán es expulsar la inversión, como sucederá en la subida que pretenden ejecutar en el impuesto de Sociedades. Y si no hay inversión, no hay actividad. Y si no hay actividad, no hay empleo. Siempre es una mala noticia que se adopten medidas que conduzcan a perjudicar al empleo, pero máxime cuando hemos visto hace unos días en la EPA que hay 697.500 empleos menos que hace un año, que llega a una pérdida de 805.900 puestos de trabajo si hablamos del sector privado, al cual están arruinando las políticas de restricciones impulsada por el Gobierno, a las que se suma la política económica regresiva contenida en este proyecto de PGE, porque, además, a quienes más van a perjudicar son a los más débiles, que son los primeros que pueden perder su empleo por la caída de actividad que este proyecto intensificará.

Dentro de ese conjunto de subidas de impuestos que afectarán negativamente a la economía, el Gobierno continúa con sus obsesiones particulares, como el de homogeneizar el impuesto de Patrimonio en todas las CCAA, así como su recuperación con carácter permanente -aunque parezca mentira, desde 2011 se encuentra con carácter de provisionalidad-. Lo que hay que hacer con dicho impuesto no es homogeneizarlo, sino eliminarlo. Nació con espíritu de control y enseguida se convirtió en lo que es, un impuesto confiscatorio, injusto y que grava más de una vez el hecho imponible, al hacerlo sobre el stock constituido a partir del flujo de renta por el que ya se ha pagado cada año su impuesto correspondiente. Es tan arcaico que en Europa es un caso prácticamente único. Pues bien, le dan otra vuelta de tuerca más, para obligar a Madrid a que no pueda tenerlo exento al 100% (es lo que persiguen con el camino iniciado ayer), con el mantra falso del “dumping fiscal”, que no existe, y suben un punto el tipo impositivo máximo.

En cuanto al IRPF, llegan a subir 2 puntos el tipo máximo y 3 puntos a las rentas del capital, lo cual constituye un elemento desincentivador al ahorro. Y si el sistema de pensiones está mal, perjudican más su complementariedad con la limitación a 2.000 euros la reducción para las aportaciones individuales a planes de pensiones. Pueden publicitar que incrementan la conjunta de los planes de empresa, pero desincentivan, una vez más, el ahorro. Realmente, el impuesto quedaría mucho más limpio, claro y menos intervencionista si se eliminasen todas las deducciones, pero con el movimiento simultáneo de bajar los tipos impositivos para dejar a los ciudadanos más dinero en su bolsillo y que decidan qué hacer con él sin indicaciones del sector público. Sin embargo, el Gobierno disminuye la desgravación y sube tipos, es decir, lo peor de los dos aspectos, en una línea absurda incluso para un neokeynesiano, pues aplican, con ello, una política fiscal contractiva en tiempos de amplia recesión. Mucho me temo que ellos se quedaron en el multiplicador del presupuesto equilibrado sin ahondar en los graves efectos negativos que produce en el medio y largo plazo sobre ahorro e inversión y expectativas.

Así, la subida de impuestos la rematan con el incremento que acometen en el impuesto de Sociedades, al reducir la exención sobre dividendos y plusvalías en filiales, lo cual es hasta poco ortodoxo técnicamente, pagando dos veces por el mismo hecho. Lo justifican con otra de sus obsesiones: acercar el tipo nominal al efectivo. Sin embargo, lo único que van a conseguir es incrementar el número de deslocalizaciones, con lo que por mucho que consigan acercar el tipo efectivo al nominal, la base sobre la que se aplicará será mucho menor, con lo que caerá la recaudación, por no hablar del desempleo que generará la marcha de esas empresas y el incremento en el gasto que supondrá el aumento de prestaciones por desempleo.

Por la vía del gasto, constituye también un auténtico despropósito dentro de la cifra ya comentada de casi 200.000 millones de euros de gasto no financiero: en lugar de reformar realmente las pensiones para garantizar su sostenibilidad, las vuelven a incrementar un 0,9%, sin desligarlas de la inflación, que pone en riesgo a las mismas. De la misma manera, resulta contraproducente para el conjunto de la economía que se incremente también otro 0,9% el salario de los empleados públicos, que además se ha incrementado en número de forma clamorosa, nada menos que en 108.500 personas en el último año, según la EPA de ayer. Esto hace que el capítulo I, que recoge el gasto de personal, se incremente un 4%, con unos PGE que recogen nuevas ofertas de empleo público.

Por otra parte, resultan irreales las cifras del cuadro macro, donde la estimación de caída del PIB del 11,2% para 2020 y la recuperación al 9,8% (donde suman los 2,7 puntos de los fondos europeos, exageradamente calculado su impacto) en 2021 es ciencia ficción, pese a lo pésimos datos de los que vienen, máxime cuando el FMI estima un crecimiento del 7,2%. Dentro de esa falta de realismo se enmarca la propia estimación del déficit y de la deuda, que el Gobierno, pese a lo abultado de dichas cifras, estima por debajo de las previsiones del Fondo, que lleva a que el déficit llegue al 14,1% (casi 3 puntos más que la estimación del Gobierno) y la deuda se vaya al 123% del PIB. El Gobierno dice que está comprometido con la estabilidad presupuestaria, pero lo demuestra poco con estos PGE y con esta política económica, que lo que está consiguiendo, según sus propias estimaciones, es una pérdida de riqueza, medida por el PIB nominal (baja lo mismo que el real al aplicar el Gobierno un deflactor del PIB del 0%), de 139.417,6 millones de euros respecto a 2019. Es decir, el Gobierno, con su política de destrucción empresarial generada por los cierres productivos y las restricciones arbitrarias, que provocan incertidumbre e inseguridad, ahuyentando el poco consumo e inversión que queda, a las que se unen las contenidas en estos presupuestos regresivos, va a hacer perder a la economía española solo en un año algo equivalente a todos los fondos que España va a recibir de la UE, incluyendo la parte de préstamos.

Por tanto, estos presupuestos no son revolucionarios, como dice uno de los socios del Gobierno, sino involucionistas desde el punto de vista económico, ya que van a frenar la economía y, con ello, va a empobrecer al conjunto de ciudadanos, especialmente al ciudadano medio, que va a ver cómo se pone en riesgo su puesto de trabajo.

España no puede permitirse estos presupuestos, que solo ahondarán en la desolación económica que hemos empezado a vivir y cuyo peor rostro todavía no percibimos. Son unos presupuestos perjudiciales para la economía y el empleo. Solo hay una receta posible, que contiene reformas estructurales de calado, ajuste del gasto y mantenimiento y, cuando se pueda, reducción de impuestos, nunca subida de los mismos.

Tenemos que convencernos todos de que no podemos seguir instalados en un gasto que no podemos pagar, y que es mejor ajustar nosotros, donde podremos priorizar y salvar el grueso de nuestros servicios, que esperar a que vengan a ajustárnoslo, cuando el recorte, por el tiempo que se habría perdido, sería mucho mayor y en cuestiones muy sensibles, como las pensiones o el sueldo y número de empleados públicos. Ese camino es el que es viable para la economía española, pero el Gobierno ha decidido andar por otro, que es el que conduce al abismo con este proyecto de presupuestos que ha presentado.