Violencia desde las instituciones de Cataluña

Las instituciones políticas de Cataluña consumaron su calendario hacia la ilegal declaración unilateral de independencia hace un año. La agenda independentista fracasó sólo en su propósito de acceso efectivo a la estatalidad. Ahora se ha recrudecido el debate sobre la calificación del delito realmente cometido. No podré argumentar mejor que algunos juristas y profesionales de la judicatura o de la Fiscalía que ya se han pronunciado en un sentido o en otro. No obstante, desde la perspectiva de una jurista de Derecho internacional, me parece que algunos se han enzarzado demasiado en hechos acaecidos en las calles y locales electorales en torno al ilegal referéndum de independencia. También la Justicia alemana se limitó a examinar lo sucedido ese día y algunos antes en el asalto a la Consejería de Hacienda en el auto que denegó la entrega a España de Puigdemont por los delitos más graves y la limitó a la malversación. Hizo bien el Supremo en no plantear ante el Tribunal de Justicia de la UE una cuestión prejudicial en interpretación sobre el alcance de la doble incriminación y la infundada decisión judicial alemana. Y ya habrá momentos para pasar factura a las arbitrariedades belgas y alemanas. Tampoco la cuestión está en proponer reformar la euroorden ni el sistema Schengen, como reclama hoy el desnortado PP, entonces en el Gobierno y responsable de la pasividad en Cataluña.

Hubo hechos antijurídicos infinitamente más graves que los desórdenes. Proclamar la independencia fue deliberadamente programada y ejecutada desde las instituciones catalanas conforme a un plan de ruptura de la integridad territorial de un Estado democrático. Decidir desde el Govern y el Parlament que el territorio de la Comunidad Autónoma se separa del conjunto del Estado y constituye un nuevo Estado es la más grave violación de la soberanía nacional y de la Constitución.

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