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Las instituciones políticas de Cataluña consumaron su calendario hacia la ilegal declaración unilateral de independencia hace un año. La agenda independentista fracasó sólo en su propósito de acceso efectivo a la estatalidad. Ahora se ha recrudecido el debate sobre la calificación del delito realmente cometido. No podré argumentar mejor que algunos juristas y profesionales de la judicatura o de la Fiscalía que ya se han pronunciado en un sentido o en otro. No obstante, desde la perspectiva de una jurista de Derecho internacional, me parece que algunos se han enzarzado demasiado en hechos acaecidos en las calles y locales electorales en torno al ilegal referéndum de independencia. También la Justicia alemana se limitó a examinar lo sucedido ese día y algunos antes en el asalto a la Consejería de Hacienda en el auto que denegó la entrega a España de Puigdemont por los delitos más graves y la limitó a la malversación. Hizo bien el Supremo en no plantear ante el Tribunal de Justicia de la UE una cuestión prejudicial en interpretación sobre el alcance de la doble incriminación y la infundada decisión judicial alemana. Y ya habrá momentos para pasar factura a las arbitrariedades belgas y alemanas. Tampoco la cuestión está en proponer reformar la euroorden ni el sistema Schengen, como reclama hoy el desnortado PP, entonces en el Gobierno y responsable de la pasividad en Cataluña.
Hubo hechos antijurídicos infinitamente más graves que los desórdenes. Proclamar la independencia fue deliberadamente programada y ejecutada desde las instituciones catalanas conforme a un plan de ruptura de la integridad territorial de un Estado democrático. Decidir desde el Govern y el Parlament que el territorio de la Comunidad Autónoma se separa del conjunto del Estado y constituye un nuevo Estado es la más grave violación de la soberanía nacional y de la Constitución.
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